La Fiscalía pidió 13 años de prisión para Tito López y su esposa, y 12 años para sus hijos
El fiscal Federico Carniel finalizó su alegato acusatorio cerrando la jornada de este jueves, donde acusó a la familia López de aprovecharse de gente vulnerable para enriquecerse personalmente en connivencia con funcionarios provinciales.
La Fiscalía solicitó penas de 13 años y seis meses de prisión para Ramón Alberto "Tito" López , 13 años para su esposa, Librada Beatriz Romero, y 12 años para sus hijos, David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, todos acusados de ser coautores del delito de lavado de activo agravado.
En su alegato, el fiscal federal Federico Carniel argumentó que todos los acusados conforman "una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza". Además, requirió una multa de 2 veces el monto de la operación, accesorias legales y costas y el decomiso de bienes utilizados en el delito de lavado de activos.
Como parte central de su discurso, Carniel marcó las inconsistencias entre las actividades declaradas de los acusados y su realidad patrimonial, asegurando que sus bienes provienen de la comisión de dos actividades ilícitas:
la utilización de fundaciones como "fachada" para usufructuar recursos públicos, en connivencia con un "Estado bobo" que facilitaba grandes sumas de dinero y no controlaba el destino de esas prestaciones y la explotación de un campo adquirido a través de los mecanismos de tierras fiscales, utilizado por la familia para extraer recursos de manera irregular.
Según Carniel, la prueba indica que "todo el dinero lo obtuvieron de manera espuria, ilícita, en connivencia con funcionarios públicos con capacidad de entregar tierra, dinero y otros bienes", lo cual definió como "corrupción", e hizo referencia al reciente procesamiento contra López y exfuncionarios por fraude millonario con tierras fiscales, lo que "demuestra el origen ilícito de los fondos"
En este sentido, Fiscalía aseguró que toda la actividad de López como dirigente social tuvo como fin sin enriquecimiento personal y el de su familia, haciendo una "utilización espuria de la gente con estado de vulnerabilidad", ya que este dinero, "en vez de ir destinado a las personas que veíamos todos los días acá, bajo la lluvia, con el frío, fue para enriquecer su patrimonio personal".
Este fue uno de los puntos que el fiscal marcó como agravante por considerar que hubo "extensión del daño", sumado a que "el dinero que usaban para su beneficio es de todos los contribuyentes".
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