Pascua fue imputada por los delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas.

 

El fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, quien inició la investigación contra la intendente dijo: “Le imputaron todos los delitos que la fiscalía había pedido en su momento, los federales y los provinciales. Ahora se va a seguir analizando las pruebas”.

 

La indagatoria se hizo vía online no solo por la pandemia, sino también porque Liliana Pascua presenta problema de salud.

 

En el marco de esta indagatoria Pascua no respondió preguntas, “fue un acto formal, ella escucho la imputación y nada más”.

Ahora, el Juez Federal va analizar todas las pruebas y en los siguientes días resolverá si le dicta el auto procesamiento a la intendente.

 

Por otro lado, el Doctor Amad manifestó que: “Se van a tratar de producir la mayor cantidad de pruebas que se pueda para acercarlas al juez y que se le dicte un auto procesamiento”.

 

Luego se le preguntó si con los delitos que se le imputa a Pascua podría quedar detenida, contestó: “A menos que la señora intente fugarse o que intente sabotear testigos, pero no va a quedar detenida”.

Pasados 10 a 15 días aproximadamente se conocerá la resolución del Juez Federal respecto a la situación procesal de la intendente Liliana Pascua, luego que analice todas las pruebas aportada en el marco de esta investigación que se inició meses atrás.

“Se trata de delitos de difícil análisis por la cantidad de papeles, documentación y testimoniales que hay. Uno tiene que ser serio porque es una funcionaria pública votada por la gente y hay que explicarle a la gente que es lo que hizo esta señora”, concluyó el fiscal.

 

 

El caso contra la intendente se inició tras una denuncia presentada ante la Justicia Federal en octubre del año pasado formulada por el diputado provincial, Alejandro Aradas.

 

La denuncia estaba basada en una publicación periodística. De acuerdo a la nota, en 2013, el gobierno provincial anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que había sido devastado por un tornado.

 

Según lo informado, la intendenta Liliana Pascua decidió relocalizar estas viviendas en Enrique Urién, y habría entregado varias de ellas, originalmente destinadas a familias de pueblos originarios con escasos recursos, a familiares y amigos.

Incluso, se habría asignado una a sí misma mientras ejercía el cargo.

 

Los otros beneficiarios habrían sido su cuñado, su tío, su madre y la ex presidente del Concejo Deliberante Local.

 

La denuncia también daba cuenta de una propiedad que Pascua posee en la ciudad de Villa Ángela, con una superficie de 400 metros cuadrados y valuada estimativamente en más de treinta millones de pesos, comprada en 2016.