La ONG Amor en Acción presentó hoy una medida cautelar que busca frenar a nivel nacional la aplicación de la ley 27.610, promulgada el 14 de enero, que permite la interrupción voluntaria del embarazo.
"Apelamos a la Justicia a nivel nacional porque es una ley anticonstitucional y antipopular", dijo a LA NACION el doctor Gabriel Flores Cianí, presidente de la asociación. El médico psiquiatra egresado de la UBA explicó que la medida atenta contra el derecho a la vida, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, y según sus estadísticas un 60% de los argentinos está "a favor de la vida."
En el amparo, al que tuvo acceso LA NACION, objetan dos puntos principales de la ley. En primer lugar, consideran que se ha vulnerado el derecho a la vida ya que la constitución reconoce "el momento donde comienza la existencia del ser humano". En cuanto a la objeción de conciencia, Cianí señalo que "ubica al médico en una posición defensiva en la que no puede trabajar tranquilamente".
El médico especialista en psicoterapia explicó que "se va generando una lista negra" porque, según la ley, los profesionales deben inscribirse para la objeción de conciencia. "Trae muchos problemas. Hay mucha presión en los hospitales justamente porque no quieren tener problemas".
La medida fue presentada en el Juzgado Contencioso N°10 del fuero administrativo federal ya que es contra el Estado Nacional y el Ministerio de Salud. Este fuero se ocupa de analizar casos que tratan sobre la legalidad de las decisiones de los poderes del Estado. Pablo Armentano, abogado de la ONG, consideró que se trata de un juzgado rápido y estima que se expida en 48 o 72 horas.
Desde la ONG se muestran esperanzados ya que el amparo fue realizado por constitucionalistas y "cuenta con una base sólida e importante". En el caso que se le dé curso, se suspende la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en principio en la ciudad de Buenos Aires y luego dependerá del fallo del juez si será a nivel nacional. Si la declaran incompetente, Ciani dijo que apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) o incluso a la Corte Internacional de la Haya. "Lo vamos a hacer porque nos avala la Constitución", agregó.
Luego del caso de Chaco, donde la aplicación de la ley fue suspendida, este representa el primer amparo a nivel federal. Creen que además tendrá repercusión internacional ya que según expresó Cianí "marca un camino precedente a los otros países que enfrentan esta batalla como México, Chile o Perú mostrando que, si llegan a promulgar la ley, la resistencia sigue. El movimiento pro vida es un movimiento regional", agregó Cianí.
