La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, implica la creación de una asociación de representantes de los trabajadores de la Policía provincial y otra de representantes del Servicio Penitenciario. “En una sociedad abierta, plural y democrática la reparación de los intereses de cada sector debe ser efectivamente ejercida”, dijo el gobernador.
El gobernador Jorge Capatinich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, anunciaron este martes un proyecto de ley de asociación de las fuerzas de seguridad que garantiza el derecho a peticionar salarios, condiciones laborales y defensa de intereses profesionales.
“En una sociedad abierta, plural y democrática la reparación de los intereses de cada sector debe ser efectivamente ejercida”, aseguró Capitanich, acompañado también por el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; el director del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, Juan Pedroza; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; los subsecretarios de Relaciones Institucionales, Gertardo Stancheff; de Planificación de Justicia y Seguridad, Leandor Álvarez; de Seguridad Vial y Ciudadana, Juan Basail; y la subsecretaria de Justicia; Lourdes Polo Budzvosky.
“Es una innovación de la provincia respecto a los mecanismos de representación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos”, remarcó el gobernador, y consideró que constituye “un salto cualitativo de los intereses de la fuerza de seguridad”.
El objetivo del proyecto de ley que será enviado a la Cámara de Diputados es construir un modelo de representación de los intereses profesionales de los trabajadores y las trabajadoras de las fuerzas de seguridad, garantizando la representatividad de todos sus miembros, y la esencialidad del servicio que prestan.
La capacidad de asociarse de las fuerzas de seguridad no se encuadra en la Ley N° 23.551 de asociaciones sindicales ya que corresponde a otra categoría de trabajadores. “Por eso el gobernador plantea una nueva ley que regule la posibilidad de que los agentes policiales puedan hacer oír sus reclamos pero garantizando el desarrollo del servicio esencial de la policía y del servicio penitenciario”, aclaró la ministra Gloria Zalazar.
La iniciativa se basa en la Convención Americana de Derechos Humanos y en pactos internacionales como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles y Políticos. Forma parte de las políticas del Gobierno para el fortalecimiento de la policía, como lo son la Defensoría Policial y la dirección de Control Policial, así como las inversiones realizadas y por realizar en cuanto a equipamiento, infraestructura y capacitación.
El gobernador recordó que Chaco fue provincia pionera en la reforma de seguridad al impulsar la creación del Comité de Prevención contra la Tortura, la cual será reformulada para que esté integrada por representantes de la sociedad civil mediante concurso -limitando la participación de los poderes del Estado- y la Ley de Seguridad Democrática.
El proyecto
El proyecto estipula que los trabajadores y las trabajadoras puedan realizar reclamos en forma activa en periodos o intervalos de tiempo que no excedan el término de 15 minutos por día, con un tiempo máximo de 45 minutos en la semana, debiendo ser programados a fin de no afectar la esencialidad del servicio.
Además establece la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo como único ámbito de discusión de los intereses profesionales del personal policial y penitenciario ante el Poder Ejecutivo Provincial. Sesionará en reunión plenaria dos veces al año, y el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá informar y notificar las fechas de sesión.
A los efectos de la representación se autorizará la creación de una asociación civil de representantes de los trabajadores de la Policía provincial del que revistan categoría de activos, así como una asociación civil representante del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.
Estas asociaciones deberán contar con personería jurídica y elegirán representantes por voto secreto, libre y obligatorio, durarán un año en sus funciones y no podrán ser reelectos. Los representantes deberán estar asociados según su actividad, tener al menos cinco años de antigüedad en su institución, no estar encuadrados bajo las fuerzas de seguridad, no contar con antecedentes disciplinarios en el transcurso de su carrera, no hallarse imputados en causas penales y ser electos por la asociación correspondiente.
Como funciones tienen la obligación de participar en todas las sesiones. Podrán expresarse con total franqueza intelectual, teniendo en cuenta siempre su condición de policía o penitenciario y el necesario respeto. No podrán manifestarse públicamente con armas y uniformes, ni obstaculizar el normal desarrollo de las actividades.
“La organización jerárquica y vertical de las fuerzas de seguridad no debe inhibir ni contradecir la deliberación democrática y participativa que debe preceder a las decisiones y guiar la acción de las asociaciones profesionales”, reza el proyecto.
