Así lo aseguró el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, quién también informó que ya se abrieron 11.800 causas por el quebrantamiento del ASPO, de las cuales alrededor de 200 avanzarían con imputaciones penales.
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus se viene realizando un trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad, tanto provinciales y nacionales, para intensificar los controles en el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y ahora Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). En las últimas semanas la mayoría de las acciones se concentraron en tres ejes propuestos por el gobernador Jorge Capitanich: las fiestas clandestinas, las usurpaciones y las movilizaciones públicas para realizar protestas.
Durante una entrevista realizada en el programa Zoom de Radio Provincia, el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, explicó que para analizar las acciones que se llevan adelante para abordar estos ejes propuestos, se están llevando adelante reuniones semanales con autoridades de los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad. “El Ministerio Público Fiscal será implacable en las causas por fiestas clandestinas o usurpaciones planificadas”, expresó el procurador.
Canteros explicó que en el último encuentro del pasado viernes se pudo realizar una evaluación del trabajo y desde el Ministerio Público Fiscal se informó que aproximadamente 11.800 causas vinculadas al quebrantamiento ASPO fueron asignadas a la fiscala Graciela Griffith Barreto, para que junto a su equipo de análisis jurídico selecciones cuáles cuentan con entidad como para avanzar con las imputaciones. “Seguramente de ese total van a quedar unas 200 en las que se podrá avanzar, porque a ese hombre que va con su guadaña para ganarse unos pesos yo no creo que ningún fiscal o funcionario judicial va a querer imputarlo”, expresó Canteros sobre el avance de las distintas causas.
Lo que sí aseguró es que abordarán con todo el peso de la ley aquellas imputaciones a personas que quebrantaron el ASPO o DISPO para realizar fiestas clandestinas, usurpaciones y encuentros familiares o privados prohibidos y que se constituyeron en preocupantes focos de contagio de coronavirus.
El procurador general manifestó que en el último encuentro presencial con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con autoridades de las fuerzas de seguridad provincial y nacional, se trazaron tres ejes de trabajo conjunto para llevar adelante un estricto control de esta fase del aislamiento social preventivo. El primer eje busca evitar la realización de movilizaciones o protestas públicas, el segundo las fiestas clandestinas y el tercero las usurpaciones masivas de terrenos públicos y espacios públicos.
“La ocupación ilegal de tierras se está llevando adelante en cadena y de manera repetitiva, lo que realmente es preocupante porque está sucediendo en distintos puntos del país”, agregó.
En lo que se refiera a las fiestas clandestinas, Canteros aseveró que la rapidez con la que se organizan este tipo de eventos con la presencia de 80 o 90 personas, no permite la eficacia en la intervención del personal de inteligencia de la Policía del Chaco. “Las fiestas se organizan sobre la hora por medio de redes sociales y en ellas concurren muchas personas que comparten botellas y vasos, como no respetan el distanciamiento social, lo que se constituye en un foco de contagios muy peligroso”, analizó.
Respecto al tema de las movilizaciones públicas y distintas protestas que se llevan adelante en Resistencia, Jorge Canteros aclaró que todas las personas que transitan por las calles deben cumplir con lo normado en los decretos nacionales y provinciales vigentes, por lo que deben respetar el distanciamiento social y el uso de tapabocas. “Si no se respeta esto, se habilita automáticamente a la justicia provincial o federal a aplicar los artículos 202 y 205 del Código Penal para avanzar con una causa judicial”, aseveró.
Para el procurador general es necesario implementar un mecanismo de prevención de movilizaciones para evitar el amontonamiento de personas en la vía pública y combatir la propagación del coronavirus en los principales centros urbanos. “Todas las personas tienen derecho a reclamar y que seguramente tienen causas justas para hacerlo, pero hay que respetar el derecho de los demás y pensar en la salud del prójimo respetando los protocolos sanitarios vigentes de manera estricta”, concluyó.
