“El impulso que la política fiscal y crediticia le dará a la actividad en 2021 se desarrollará en un marco de múltiples restricciones, entre las que destacan la falta de financiamiento del sector público, tensiones en el mercado cambiario y una elevada inflación inercial. El Gobierno estará enfocado a lo largo del año próximo en la construcción de un marco de estabilidad general que tranquilice a la economía y que permita comenzar a transitar el camino hacia un modelo de desarrollo dinámico, inclusivo, estable, federal y soberano”, dice el mensaje del proyecto que el Gobierno enviará el martes próximo al Congreso.

 

La administración de Alberto Fernández logró atravesar con éxito semanas atrás uno de los capítulos clave para poder pensar en un plan de estabilización económico: la resolución de la deuda, que logró una alta aceptación por parte de los acreedores y que permite despejar el escenario de vencimientos por los próximos tres años. Pero es un primer paso y no es garantía de que la Argentina pueda normalizar sus desequilibrios macroeconómicos y comenzar a crecer de forma sostenida. ¿Cómo piensa el Gobierno avanzar hacia un proceso de estabilización, en un contexto de alto déficit fiscal, falta de financiamiento, restricción externa y tensiones cambiarias e inflacionarias?

 

En primer lugar, el Gobierno plantea que las condiciones iniciales para la recuperación económica de esta doble crisis estarán determinadas por “el nivel de capacidad instalada ociosa del aparato productivo; la capacidad de financiamiento del sector público y el elevado nivel de incertidumbre producto de la inestabilidad local y los efectos persistentes de la pandemia sobre la economía global”. Será la capacidad ociosa la que servirá de base para el impulso inicial de la actividad en los próximos meses, dice el proyecto.

 

De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas que adelantó este medio ayer, el Gobierno espera que tras una caída del PBI este año del 12,1%, en 2021 el producto crezca 5,5%, con una inflación que se desaceleraría del 32% de este año al 28% en diciembre del próximo, y un tipo de cambio que subirá 24%, hasta los $101,6 por dólar.

 

El equipo económico que dirige Martín Guzmán considera que la alta vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad y la insuficiencia de demanda característica de un ciclo recesivo, agravado por la pandemia, “imponen la la necesidad de contar con un sesgo expansivo en la política económica para volver a poner en marcha la economía”. Eso se traduce en un “piso elevado para el gasto público y un techo bajo para el costo de financiamiento requeridos en el corto plazo”, según el texto, al agregar que “este impulso fiscal y monetario debe implementarse en un marco de fuertes restricciones de financiamiento para el sector público, inestabilidad financiera e inflación moderada estructural”.

 

Respecto del gasto, el proyecto tiene como finalidad impulsar la demanda para fortalecer la recuperación, y reimpulsar áreas estratégicas como la educación, la ciencia y tecnología y la infraestructura. Desde el lado de los ingresos, el Gobierno espera robustercerlos a partir de una estructura tributaria “más sensata, a la luz de las necesidades de financiamiento del sector público en el marco de esta doble crisis".

 

 

Guzmán había anticipado, cuando informó las cifras del resultado del canje, que el déficit en 2021 sería del 4,5% del PBI, que será equivalente a $ 755.000 millones. Y pese a las críticas de muchos analistas, que esperaban señales de mayor moderación en materia fiscal, el Ejecutivo cree que es el adecuado para propiciar una recuperación sostenible de la actividad y apuntar hacia el equilibrio de las cuentas públicas en el mediano plazo.

 

El Gobierno asume que se encuentra frente a múltiples restricciones que condicionan la estabilidad económica y que llevará tiempo y financiamiento poder ordenar las distintas variables. En el mientras tanto, habrá tensiones cambiarias y la Argentina deberá convivir con una alta inflación inercial.

 

Respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo acuerdo, el Gobierno reafirma en el mensaje del proyecto el concepto de soberanía y sostiene que si bien el nuevo programa a firmar será producto de las conversaciones que se entablen en los próximos meses, “el Gobierno Nacional será consecuente con su visión inicial acerca del rumbo que la Argentina debe tomar: no se validará ningún curso de acción que postergue la producción, el trabajo, la educación, la salud o la ciencia y tecnología. Será un programa hecho por y para la Argentina”.

 

En cuanto al frente cambiario, dice el mensaje, la paulatina reconstrucción del mercado de deuda soberana local y el menor nivel de déficit fiscal primario permitirán reducir en forma sostenida las necesidades de financiamiento que el Tesoro satisface con recursos creados por el BCRA, un proceso que descomprimirá parcialmente las actuales tensiones que se verifican en los distintos mercados cambiarios. Además, creará mayores incentivos para ahorrar en moneda nacional.

 

“No obstante, la transición hacia una situación de mayor estabilidad en el mercado cambiario es un proceso que requerirá de tiempo y de señales adecuadamente alineadas. Con una oferta genuina de dólares poco flexible en el corto plazo, debe garantizarse el financiamiento de un creciente volumen de importaciones para financiar la inversión productiva y la incorporación de tecnología”, agrega el texto.

 

El Gobierno se compromete a disponer de todas las herramientas a su alcance para garantizar un sendero cambiario compatible con una desinflación progresiva y un nivel de competitividad externa elevado y equivalente al actual. Asegura que el BCRA cuenta con un nivel de reservas suficiente y con la posibilidad de ampliarlas mediante acuerdos de apoyo contingente con diversas autoridades monetarias para intervenir en el MULC.

 

Además, el canje significó una recapitalización para muchos organismos del Estado, lo cual podría traducirse en un nuevo y poderoso instrumento para administrar el tipo de cambio, plantea el Gobierno.

 

Sobre las restricciones, que fueron motivo de discusión al interior del Ejecutivo el mes pasado debido al goteo que persiste con el dólar ahorro, el mensaje del Presupuesto expresa que el mecanismo de controles hoy ocupa un rol central e insustituible para garantizar estabilidad cambiaria y de los precios, una condición necesaria para la recuperación post-pandemia. Pero al mismo tiempo, el Gobierno se compromete a recalibrar permanentemente el sistema de restricciones en función del nivel de incertidumbre de la economía y la evolución tanto de la oferta como de la demanda de dólares. La prioridad seguirá siendo que el aparato productivo cuente con las divisas necesarias para financiar su crecimiento.

 

La política monetaria seguirá persiguiendo el doble objetivo de promover el apalancamiento de la inversión productiva y canalizar el ahorro del sector privado hacia instrumentos en moneda local. El Gobierno reconoce que es un importante desafío compatibilizar tasas de interés elevadas para la estabilidad y blandas para la producción, pero ésa será la orientación. El impulso al sector privado estará dado por líneas financiamiento subsidiadas y garantizadas por el Estado nacional, con el apoyo de los fondos Fondep y Fogar.

 

En materia de precios, el Gobierno sostiene que la “elevada inflación inercial podría provocar tensiones en la dinámica de los precios una vez que la economía comience a crecer aceleradamente” y que “la política de ingresos es una herramienta potente para coordinar una baja gradual de la inflación mientras se impulsa de manera prudente la demanda agregada”. Consecuentemente, añade el texto, en 2021 se trabajará para celebrar un gran acuerdo económico y social multipartito en el que confluyan el Estado nacional, el empresariado y todo el arco de los trabajadores.

 

 

Según el proyecto, para 2021, el déficit presupuestado de la Administración Nacional luego del giro de utilidades del BCRA, definido como las necesidades netas de financiamiento, ascenderá a aproximadamente $755.000 millones, y serán cubiertas mediante la emisión de deuda pública en pesos en el mercado local.

 

En relación con el pago de servicios previsto durante el año (capital e intereses), las letras de corto plazo en pesos se refinancian en el mercado a través de la emisión de instrumentos cortos, mientras que en el caso de títulos en pesos, mediante instrumentos más largos (vencimiento fuera del ejercicio). Por su parte, las necesidades netas en pesos con el BCRA son cubiertas con Adelantos Transitorios en el marco de los límites establecidos por la normativa vigente.

 

En el caso de los vencimientos en moneda extranjera, se asume el pago de servicios de intereses de aproximadamente USD 154 millones, correspondientes a los títulos emitidos en los canjes de deuda (legislación extranjera y legislación local), mientras que también se asume la postergación de los vencimientos de organismos internacionales, FMI ((USD 3.735 millones) y Club de París (USD 1.866 millones), más allá de 2023.

 

Los pagos de servicios de intereses y de capital del resto de los organismos internacionales y bilaterales, así como los intereses del Fondo y del Club de París (USD 4.700 millones) son financiados mediante nuevos desembolsos por parte de dichos organismos. Por último, los vencimientos de Letras Intransferibles del BCRA (USD 9.625 millones) son cubiertos mediante la emisión de nuevas Letras Intransferibles, postergándose los vencimientos más allá de 2023.