Fallo por YPF: Argentina consolida su política de Estado en el orden legal y enfrenta el riesgo de desacato
El Gobierno ratificó que no se sentará a negociar con los acreedores hasta que no haya resolución legal definitiva.
El fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF profundizó la política de Estado que viene adoptando el país en los juicios internacionales durante los últimos años al agotar toda instancia legal sin negociar ni pagar a los beneficiarios y vuelve a enfrentar el riesgo de ser declarado en desacato.
Tras conocerse la orden de la jueza Loretta Preska, obligando a la Argentina a ceder el 51% de las acciones de YPF a beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, el presidente Javier Milei anunció inmediatamente la apelación.
En la misma línea, durante las últimas horas, el Ejecutivo nacional le solicitó a la magistrada, mediante una carta, que suspenda el fallo, y confirmó que apelará formalmente en los próximos días. Además, ratificó que no se sentará a negociar con los acreedores hasta que no haya resolución legal definitiva.
De esta manera, se consolida la postura legal de recurrir a toda presentación jurídica posible que permita revocar las sentencias previas, favorezca al país y dilate el proceso sin abonar el pago dispuesto ni alcanzar un acuerdo entre las partes.
En diálogo con Noticias Argentinas, Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, aseguró al respecto que “el gobierno de Milei ha pegado un volantazo de 180° en prácticamente todo, pero si hay algo que no ha cambiado es la postura legal ante estos juicios” indicando que “sigue la misma estrategia legal adoptada por gobiernos anteriores (Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández), que es patear la pelota”.
En este sentido, aclaró que “no está mal esta postura, ya que la Procuración mientras haya alguna ventana abierta legal la va a utilizar”, aunque remarcó que “el problema es que nunca nos ha dado buenos resultados, por eso tenemos las decisiones como la que vimos el lunes”.
En contraposición, sostuvo que “si Argentina hubiese admitido que hizo algo equivocado al expropiar YPF, al manipular las estadísticas del PBI, al expropiar Aerolíneas Argentinas, estos juicios se podrían haber resuelto por muchísimo menos dinero a través de acuerdos extrajudiciales”.
En el caso de querer avanzar por esta opción, el Ejecutivo necesita el aval del Parlamento. Sobre este aspecto, el especialista consideró que “aunque el Gobierno diga que está legalmente limitado para llegar a un acuerdo antes de agotar toda vía legal, estoy convencido de que en Argentina se puede ir al Congreso y pedir permiso para negociar y pagar”.
En cuanto a las posibilidades de revocar el fallo, Maril aseguró que “nada va a revertir la entrega de las acciones de YPF a no ser que haya un acuerdo entre las partes o la Corte de Apelaciones dicte a favor de Argentina”. Teniendo en cuenta el posicionamiento del Estado de no negociar, queda solo la vía judicial.
Ante este escenario que seguiría dilatando el cumplimiento del fallo, se presenta el riesgo de que la juez Preska declare al país en desacato con la ley y su dictamen. Al respecto, Maril consideró que “eso es muy grave, porque ahí ya estamos hablando de que se involucraría el Departamento de Estado de la Casa Blanca”.
De acuerdo a su mirada, afirmó que “lo veo como algo posible pero no inmediato”, aunque advirtió que la magistrada puede ponerse firme y plantear que el país va en esa dirección “si no se apuran a negociar y pagar o al menos a apelar con una garantía depositada”.
La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.
Una sanción de esta índole, repetiría lo sucedido en septiembre de 2014 cuando el juez Thomas Griesa declaró al país en desacato en el marco del juicio con los holdouts, transformándose en la primera y única vez que una nación fue penada bajo esa figura legal.
A modo de anticipar los posibles pasos a seguir sobre este tipo de sanción y en el caso en general, Maril pone el foco en los beneficiarios, ya que son quienes vienen haciendo las demandas que termina ejecutando la justicia, expresando que “la juez Preska no hace nada sin que se lo pidan”.
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