En un nuevo encuentro se trabajó en varias definiciones, entre ellas, el proyecto de transformar Sanidad Policial en un organismo dentro del Ministerio de Salud Pública y la iniciativa de lograr un resarcimiento para familias de víctimas letales de violencia policial.
Con el objetivo de mejorar la calidad de funcionamiento de las instituciones públicas, con la presencia del gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, se concretó una nueva reunión de la Mesa Intersectorial de Lucha contra la Violencia Institucional. Durante la jornada, se analizaron múltiples temas de agenda y se avanzó en definiciones concretas como los proyectos para la intervención del Ministerio de Salud en el área de Sanidad Policial y en la rúbrica de normativa que brinde un resarcimiento a familiares de víctimas letales de la violencia policial, entre otros puntos.
De la reunión, realizada en el salón Obligado de Casa de Gobierno, participaron representantes de los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y organizaciones civiles. En ese marco, se avanzó en una agenda temática con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos, visibilizar, prevenir y erradicar la violencia institucional en todas sus formas.
“Trabajamos en distintos mecanismos para la erradicación de la problemática de violencia institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de funcionamiento de las instituciones públicas”, señaló el gobernador en sus redes sociales.
En esa línea, se dialogó en proyectos para transformar el área de Sanidad Policial “en un organismo que esté en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, con recursos humanos capacitados para el cumplimiento de los protocolos de revisión de las personas que son detenidas por la policía”, agregó el mandatario.
Asimismo, se avanzó en la composición de una reparación económica a hijos e hijas de víctimas letales de violencia policial, iniciativa que será pionera a nivel nacional.
“Seguimos trabajando junto a espacios de derechos humanos, familiares, el equipo de salud y las fuerzas de seguridad para prevenir la irracionalidad en el uso de la fuerza y evitar este tipo de hechos de violencia”, finalizó Capitanich.
En la jornada también se avanzó en la situación de la Dirección de Control Policial, que tras un concurso, realizado en noviembre del 2022, estará a cargo de Leandro Arrudi.
En relación a la formación policial, la cartera de Seguridad propuso modificar el Instituto de Seguridad Pública, en ejes como plantel docente, uso racional de fuerza y formación a cargo de fuerzas federales.
Respecto al informe de causas de violencia institucional y acceso efectivo a la justicia, se puso a disposición un informe integral sobre las causas donde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros es querellante. Por último, sobre el Patrocinio de Policías, los familiares de víctimas presentaron planteos y la subsecretaría de Derechos Humanos solicitó información a la cartera de seguridad.
Entre otros y otras, de la reunión participaron: la ministra de Salud, Carolina Centeno; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; el subsecretario de Planificación de Seguridad y Justicia, Leandro Álvarez; el Jefe de la Policía, Ariel Acuña.
También, asistieron el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Del Río; la defensora General, Alicia Alcalá, el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen; la diputada Mariela Quirós representantes de asociantes y organizaciones civiles.
Dos ejes desde el área de Salud Pública
La ministra de Salud, Carolina Centeno, explicó que desde la cartera de salud se trabajará en dos ejes: la contribución en la capacitación y formación, tanto del recurso humano de salud como el policial y judicial, para evitar el uso desmedido de fuerza humana y, en segundo lugar, la transformación de la sanidad policial en un organismo que integre el ámbito de Salud Pública, cumpliendo protocolos de revisión, examinación de personas detenidas.
En este punto, Centeno remarcó que es “la pata civil que se suma a la mesa intersectorial contra la violencia institucional” y sobre esto aseguró: “La decisión política y del gobierno está puesta en disminuir los riesgos que significan la no aplicación de los protocolos correspondientes sobre la violencia institucional”.
Visibilizar, prevenir y erradicar la violencia institucional
El presidente del Comité contra la Tortura, Kevin Nielsen, celebró la continuidad de esta mesa, donde “como organismo autónomo de control con las víctimas de violencia institucional, vemos con buenos ojos los avances y nosotros, nos encargamos de ver el grado de cumplimiento” aseguró.
Nielsen destacó que durante el encuentro también trabajaron sobre técnicas de prevención de la violencia institucional, sobre técnicas de reducción, capacitación, entre otros puntos para “entender la gravedad de esta problemática y para que no haya impunidad”, manifestó.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, comentó que “esta es una temática que muchas veces se piensa muy alejada de la cotidianeidad, pero a veces nos puede tocar sufrir violencia desde diferentes instituciones del Estado”.
“Con esta mesa lo que se busca es que entre todos los que formamos parte de la administración pública podamos diseñar un plan de trabajo que nos permita mejorar esta problemática”, destacó la funcionaria.
