El Gobierno nacional admitió que el programa “Puente al Empleo”, por el cual se pretende transformar planes sociales, en puestos de trabajos formales no tuvo la adhesión esperada y reclamó colaboración de los empresarios.

“Como en la práctica no hemos logrado adhesión debemos hacerlo en conjunto. Ahí hay una tensión que hay que resolver. Para nosotros es muy importante que se lleve a cabo y que los planes se transformen en trabajo genuino”, les señalo Olmos a representantes de CAME, según precisó un comunicado de esta entidad.

En el mismo sentido se pronunció el titular de CAME, Alfredo González, quien afirmó que “hay mucha mano de obra, pero poca disponibilidad”.

González destacó la implementación del programa “Puente al Empleo”, pero sostuvo que la Tarjeta Alimentar –un complemento de ingresos- generó un “desacople”.

El Gobierno dispuso en los últimos días un aumento de la Tarjeta Alimentar que elevó los valores a $12.500 para quienes tienen 1 hijo, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; $19.000 a quienes tengan 2 hijos y $25.000 a quienes tengan 3 hijos.

Estos valores sumados a los que se obtienen por el resto de los planes sociales provocan un conflicto con los salarios que está dispuesto a pagar el sector privado.

Sobre el programa “Puente al Empleo”, González afirmó que “no tuvo el éxito que merecía; muchos trabajadores no se incorporaron. Es fundamental para nosotros avanzar en ese sentido”.

El directivo convocó al “sector privado junto con sindicatos, gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales a trabajar en un mismo objetivo” porque “hoy hay mucha mano de obra, pero poca disponibilidad”.

En lo que refiere a capacitaciones y entrenamiento de los trabajadores, los dirigentes pyme y la ministra de Trabajo coincidieron en la necesidad de generar espacios formales para desarrollarlas. “Capacitar al trabajador es fundamental. Hay muchas personas a las que debemos capacitar con lo básico”, describió González.

El programa “Puente al Empleo” establecía una serie de pautas que favorecían al empleador para que incorpore a su plantilla a beneficiarios de planes sociales a cambio de flexibilizaciones impositivas y ayuda para completar los salarios establecidos.

Por su parte, quienes pasaban a ser trabajadores formales podían mantener el plan social por un año y luego decidir sobre seguir o no con el empleo.