Los fondos que se reparten surgen del presupuesto, pero no forman parte de manera directa de los planes sociales.
La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, señaló Clarín, fue la que más fondos recibió desde enero de 2020, con más de $ 799 millones, que pasados a dólar son US$ 5,9 millones. Sólo en el primer semestre de este año le giraron $ 172,8 millones; es decir, el equivalente a US$ 1,53 millones.
La cooperativa es una de las muchas que forman parte de la CTEP, entidad que comandan en conjunto dirigentes alineados al Gobierno como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Esteban "Gringo" Castro.
En el listado de más beneficiados entre asociaciones también aparece el Ceytis, una organización a la que en principio no se le puede adjudicar una vinculación política, que cobró $ 687,5 millones en 30 meses, el equivalente a US$ 5,1 millones. Este año, solamente en el primer semestre, facturó $ 140,4 millones.
En el tercer puesto del ranking de pagos a organizaciones sociales hay otra agrupación relacionada con Pérsico y el Movimiento Evita. Se trata de la Asociación Civil Ser.Cu.Po, que cumple el rol de unidad ejecutora de planes como el Potenciar Trabajo y cobró $ 645,5 millones, unos US$ 4,8 millones. Ubicada en Esteban Echeverría, según fuentes del sector, cubre de recursos sociales a barrios populares de toda la tercera sección electoral.
En el listado de organizaciones que reciben estos fondos discrecionales del Estado aparecen otras que simbólicamente tienen mucho peso. Por ejemplo, sexta figura Judith Presente, una asociación que pertenece a la Tupac Amaru de Milagro Sala, que ha cobrado en este tiempo $ 417,5 millones, o el equivalente a US$ 2,95 millones.
Séptima, en tanto, aparece la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con $ 392 millones cobrados, poco menos también de tres millones de dólares. Asociaciones como el Polo Obrero, de Eduardo Belliboni, en tanto, cobraron unos $ 222,8 millones en este tiempo.
Entre las diez primeras asociaciones que aparecen en el extenso listado se llevaron casi la mitad de los desembolsos que hizo el Estado, exactamente $ 5.000 millones. La otra mitad se repartió en el resto de asociaciones y cooperativas que integran el mapa de entidades que reciben fondos estatales.
Los fondos que se reparten surgen del presupuesto, pero no forman parte de manera directa de los programas más emblemáticos del Ministerio de Desarrollo Social, que son el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, los cuales entre ambos representarán en 2023 para el Gobierno una erogación superior al $ 1 billón y que en todo 2022, como mínimo, generarán un gasto de $ 700.000 millones.
Así, las que se analizan son transferencias que provienen desde diferentes áreas del Estado, como Desarrollo Social (Integración Socio Urbana, Economía Social y Abordaje Territorial), pero también de programas del Ministerio de Trabajo (Acciones de Empleo, Acciones de Capacitación) y del Ministerio de Desarrollo Productivo (Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual).
Los montos destinados de manera discrecional a organizaciones sociales y cooperativas no son abiertos al público, como sucede con otros gastos estatales.
A partir de eso fue que el año pasado, los diputados radicales Facundo Suárez Lastra y Fabio Quetglas solicitaron en el Congreso que se informe el listado y los fondos que recibieron las instituciones públicas y privadas beneficiarias de asignaciones presupuestarias vinculadas a lo social.
