¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas
Las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1° de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman
Han transcurrido casi cuatro semanas desde el hecho vivido por Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Desde entonces, el número de serios interrogantes sobre lo que se ha presentado como un intento de magnicidio no ha dejado de crecer. No es difícil entender por qué alrededor de seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse, según lo atestiguan distintas encuestas de opinión pública.
Muchas de las actuaciones en los primeros momentos inmediatos al hecho traen a la memoria las gravísimas irregularidades que caracterizaron a las primeras investigaciones posteriores al asesinato del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
La grotesca alteración en la cadena de custodia y la destrucción del contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel aparece como uno de los aspectos más sospechosos. Más que a una impericia inexcusable, obedece en nuestra opinión a un accionar malicioso y cómplice.
La inmediata pregunta que todo investigador debe formularse es si en esos datos borrados del dispositivo móvil del autor material del ataque podrían hallarse eventuales conexiones con alguna organización que lo condujo a actuar como actuó, dado que es prácticamente imposible resetear de manera inadvertida un teléfono. Quizás la inesperada aparición del celular de Sabag Montiel en el hecho haya generado la premura de borrar, de emergencia, datos comprometedores.
Otra cuestión que la jueza María Eugenia Capuchetti deberá investigar es la eventual complicidad de la custodia de Cristina Kirchner, sus ascendientes jerárquicos y el servicio de inteligencia estatal; de los abogados de la vicepresidenta y de una suerte de guardia pretoriana paraestatal, conformada por integrantes de La Cámpora, que se superponía con las fuerzas del orden. Cabe preguntarse el motivo por el que estos procónsules, sin ningún cargo, preparación y responsabilidad pública, asumieron tareas de seguridad, colocando en segundo plano a la custodia.
No hay dudas de la negligente labor o eventual complicidad de la custodia vicepresidencial, desde el momento que permitió que un grupo extraño se superpusiera con ella y que un sujeto pudiera acercarse a centímetros de la funcionaria y gatillar un arma, y que, tras ello, ninguno de los agentes de seguridad hiciera absolutamente nada para cubrir a quien fue el blanco del ataque, violando todos los habituales protocolos para estos casos.
Además, el atacante logró huir y permanecer en el lugar, en un patrullero, por un tiempo prolongado, sin esposas. Insólitamente, y como si se tratara de una burla, el incompetente ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que “no falló nada”. Solo por esa afirmación debería haber sido despedido de su cargo sin más trámite.
Tres días antes del hecho, el mismo ministro había resuelto sacar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de los alrededores de la residencia de Cristina Kirchner, en el barrio de la Recoleta, y sumar más efectivos de la Policía Federal. Cabe preguntarse qué estarían diciendo hoy los mismos funcionarios kirchneristas que defienden a Aníbal Fernández si lo acontecido hubiese tenido lugar con las fuerzas policiales porteñas custodiando el sitio.
Las cámaras de seguridad de la zona fueron retiradas, así como el vallado (merced a otra irracional resolución del juez K Roberto Gallardo), que hubiese evitado que un presunto asesino se acercase tan peligrosamente a la persona de la funcionaria, o que, por lo menos, no lo hiciese con un arma más allá de que estuviese o no cargada. Cualquier operativo básico de estadio deportivo lo impide.
No es difícil entender por qué, según encuestas, seis de cada diez personas creen que estamos ante un montaje inventado por el kirchnerismo para victimizarse
La llamativa y reiterada aparición televisiva de dos de los integrantes de esta banda delictiva en los días previos, en dos curiosas entrevistas callejeras, más una invitación al programa de un comunicador cercano al kirchnerismo (Tomás Méndez) y con numerosas vinculaciones por demás sugestivas, llevan a pensar como una hipótesis probable que esas apariciones estuviesen preparadas y guionadas con la clara intención de instalar, de manera pública, personajes con un determinado ideario político.
Las numerosas apariciones públicas registradas de los llamados “copitos” en lugares donde sería improbable hallar compradores de algodón de azúcar y donde abundaban las cámaras aumenta la sospecha de que estaban allí para ser vistos y filmados; el más desprevenido agente lo hubiese advertido. Esas presencias, no obstante, no llamaron la atención de los responsables de la seguridad de la vicepresidenta, ni de su guardia pretoriana, ni del servicio estatal de inteligencia, encargados de advertir sobre cualquier circunstancia extraña que pudiese permitir un acto criminal o terrorista, en medio de una multitud y en una estrecha esquina del barrio de Recoleta, curiosamente en un momento en que el jefe de la custodia, de extrema intimidad y confianza personal de Cristina Kirchner, se encontraba ausente.
Las dudas se agigantan cuando se recuerda que cinco días antes del episodio vivido en Recoleta el abogado penalista José Manuel Ubeira –nombrado recientemente por la vicepresidenta su letrado en la causa– manifestó su preocupación por la integridad física de Cristina Kirchner. “Matarla ahora sería un logro, tengo temor por la vida de la vicepresidenta de la Nación porque estos animales, cuando van en la escalada, no paran”, dijo el domingo 28 de agosto durante una entrevista en el programa Caníbales, en C5N.
Ahondando las sospechas, Máximo Kirchner había acusado, en la mañana previa al hecho, a sectores que “están viendo quién mata al primer peronista”.
De la llamada “banda de los copitos” se derivan no pocas inquietudes. No puede menos que llamar la atención el equipo de abogados con conexiones políticas y agentes de inteligencia al que uno de los supuestos miembros de la banda, como Nicolás Gabriel Carrizo, ha acudido. Cabe preguntarse quién paga esos costosos abogados y si buscan controlar la información que Carrizo pueda brindar, complicando a actores menos marginales.
Nos preguntamos si esta banda de vendedores ambulantes tenía conexiones subterráneas con la Policía Federal o con agentes de inteligencia.
La personalidad de estos lúmpenes, sus medios y modos de vida no se condicen con la corrección en la redacción y ortografía con la que documentaban, por WhatsApp, sus planes delictivos. En cualquier celular es muy difícil, si no imposible, encontrar signos de interrogación de apertura. A esto se suma que se trata de personas que a la vista parecieran tener escaso nivel de instrucción o utilizar lenguajes deficientes o alternativos. Aumentan las dudas cuando Brenda Uliarte, tras lo sucedido y en plan de fuga u ocultamiento, documenta nuevos planes homicidas redactados con énfasis fanático, que dejó registrados en sus celulares.
De las respuestas a la suma de interrogantes planteados podría comenzar a determinarse el verdadero cariz de quienes protagonizaron el hecho del 1º de septiembre; si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, si estamos ante fanáticos desquiciados o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas. Nos inclinamos por esta última hipótesis.
Sea como fuere, es imprescindible investigar a fondo y sin soslayar ninguno de los numerosos, serios, graves y concordantes indicios existentes, sin importar las consecuencias de lo que el descubrimiento de la verdad acarree. Son demasiadas las sospechas que, sin duda, estarán en la cabeza de la magistrada y el fiscal actuantes.
Urge conocer toda la verdad.
LA NACION
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