El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, será investigado por un tribunal en lo Penal Económico por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una denuncia anónima recibida por e-mail en los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana.

La investigación se inició “con la recepción en la casilla de correo del Juzgado Federal de Campana de una denuncia que daba cuenta de una serie de maniobras presuntamente delictivas vinculadas a Claudio Fabián Tapia y su familia”.

“Las acciones entendidas como posiblemente delictivas habrían acaecido en diversas jurisdicciones territoriales, ya que se ha relevado información sobre propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño, igual que rodados registrados también en ambas sedes, así como la intervención de sociedades ubicadas en la jurisdicción de CABA”, sostiene una resolución judicial, a la que tuvo acceso NA.

La Cámara Federal de San Martín entendió que, por la naturaleza de los delitos investigados, el expediente –que se inició en 2020- deberá quedar en manos del juzgado en lo Penal Económico número siete, a cargo del magistrado Juan Pedro Galván Greenway.

“Puede aseverarse, con los elementos incorporados hasta el momento, que las maniobras sospechosas se habrían consumado en distintas jurisdicciones territoriales, por lo que la elección del juez competente deberá hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación”, sostuvo la Cámara, en un fallo unipersonal del juez Juan Pablo Salas.

Según se desprende del expediente, la investigación gira en torno a “dos hipótesis, una relacionada a la actividad desarrollada por el denunciado como presidente del Futbol Argentino, y el posterior lavado de dinero provenientes de esos presuntos actos infieles”.

A Tapia se le reprochan los supuestos delitos de “defraudación por administración infiel y el lavado de activos” mediante la “adquisición de bienes inmuebles en jurisdicción territorial del Juzgado de Campana, compra de bienes muebles registrables y realización de eventos, actos que incluirían tanto al presidente de la AFA como a otros miembros de su familia”.

El tribunal resolvió que la investigación continúe en los juzgados de la Capital Federal porque “no sólo habrían ocurrido allí parte de las maniobras teñidas de sospecha, sino que sería la sede laboral y de negocios del principal investigado”.

“Las maniobras de lavado de activos no pueden ser consideradas actos independientes, sino una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo materializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resumió el fallo.