Solicitaron la elevación a juicio de la causa por contrabando contra los dueños de Mega Mundo $2
Para el fiscal Sabadini, la familia Villalba, por su experiencia comercial, tenía pleno conocimiento de la "receptación y posesión de la mercadería en infracción".
Había pasado poco menos de dos meses de los múltiples allanamientos por una causa de lavado de dinero y evasión impositiva que se realizó en varias sucursales del país del comercio Mega Mundo $2 cuando el 14 de agosto de 2019 se llevaron adelante nuevas inspecciones en dos depósitos del comercio, todo en el marco de la causa "asociación ilícita" investigada por la justicia policial.
En dichos allanamientos se encontraron varios objetos, presumiblemente adquiridos por contrabando, por los que el fiscal federal Patricio Sadadini inició una investigación por "supuesto encubrimiento de contrabando", causa por la que en las últimas horas solicitó la elevación a juicio a la jueza federal N°2, Zunilda Niremperger.
En un galpón se encontraron miles de artículos de cotillón que, conforme a la investigación, representaban $648.238. En otro, también secuestraron diversos artículos valuados en $1.429.962, todos estos valores al año 2019. Ninguno de esos elementos estaba amparado por factura alguna.
Los imputados por el delito de "supuesto contrabando" son Cristino Villalba y sus hijos Pablo Nelson, Noelia Liliana y Christian Fabián. Todos ellos declararon, mediante una presentación, el pasado 21 de septiembre de 2021.
En su escrito, Cristino Villalba declaró que es empresario hace 30 años, que tiene más de doscientos empleados, que del stock de mercadería que había en los depósitos, solo se encontraron 1000 alitas de ángel, 420 bonetes, globos de cumpleaños entre otras, sin la documentación respaldatoria de su adquisición y expresó que no se logró determinar desde hace cuánto tiempo se encontraba en el depósito la mercadería carente de documentación, por lo cual debería operar el plazo de prescripción.
Similares declaraciones brindaron sus hijos, aunque aclararon que es su padre Cristino Villalba quien manejó todos los designios de la empresa.
Tras los descargos de los imputados, Sabadini consideró que los mismos "tienen como fin intentar mejorar su situación , pues resulta irrazonable que si se considera la mercadería hallada en los depósitos n° 1 y 2, como objeto de contrabando por carecer de documentación respaldatoria de su origen, mal podría determinarse una fecha cierta de su deposito si no pudieron acreditar -justamente- su origen a pesar del tiempo que se les otorgó para la presentación de la documentación respaldatoria.
Es así que el 31 de marzo de este año, el Juez Federal dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva contra la familia Villalba por hallarlos responsables prima facie del delito de encubrimiento de contrabando. Algo que la Cámara Federal de Apelaciones confirmó en junio.
En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió Diario Chaco se mención que a los Villalba "se les imputa el haber tenido en su poder mercadería de origen extranjero, sin el correspondiente aval aduanero que acredite su legal ingreso a nuestro país, conducta prevista y penada por el artículo 874".
"Los datos o elementos en virtud de los cuales puede presumirse que la mercadería incautada en poder del encubridor proviene del contrabando consisten, como ocurre en el presente, en la cantidad o valor de la mercadería, como en la ausencia de requisitos que asignen a la misma su legal ingreso al país o en la ausencia de facturas de compra", indicó Sabadini en ese sentido.
Una de las conclusiones a las que arribó el Fiscal Federal es que a partir de "la experiencia comercial de los encausados, el origen industrial de la mercadería, la ausencia de estampillas y de las facturas de compra, resultan parámetros objetivos que indican el pleno conocimiento de los imputados en relación a la receptación y posesión de la mercadería en infracción ".
"Se deberá considerar oportunamente los motivos que podrían haberlos llevado a delinquir, así como las circunstancias socioeconómicas, culturales y familiares que podrían haber determinado la inclinación a la conducta ilícita", concluyó Sabadini en su requerimiento.
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