Establece la obligación tanto para profesionales médicos como para la ciudadanía en general de notificar posibles casos y de cumplir efectivamente con todas las indicaciones previstas.
Ante la reciente confirmación de dos casos de coronavirus en la provincia, el gobernador Jorge Capitanich decretó la aplicación inmediata del protocolo de actuación fijado por el Gobierno nacional, enmarcado en los lineamientos de la Ley Nº 15.465.
Se trata del Decreto 368/20, con el que el mandatario estableció una serie de compromisos y obligaciones a cumplir tanto por parte del Estado provincial, como por los centros de salud y toda la ciudadanía, a partir de la declaración de emergencia internacional de la Organización Mundial de la Salud.
Este Decreto declara la responsabilidad de todos los profesionales médicos de los centros de salud públicos y privados de la provincia, “de la comunicación inmediata y oportuna de los posibles casos que se detectaron de COVID-19, como así también de la correcta aplicación de los protocolos de actuación”.
También ordena que las personas que fueren portadoras del virus o que estén bajo sospecha, notifiquen al Ministerio de Salud tanto los síntomas que presentan como la referencia de todas las personas con las que tuvieron contacto reciente. En el caso de que las personas se nieguen a informar cuáles fueron esos contactos, el Decreto habilita al gobierno a instrumentar las medidas legales oportunas.
Además instruye la conformación de un Comité de Acción Sanitaria en el que además del Ministerio de Salud del Chaco, participarán los ministerios de Desarrollo Social, de Seguridad y Justicia, y de Educación. Pero también convoca a distintas entidades del ámbito público y privado como áreas de salud municipales, centros sanitarios privados, universidades, colegios profesionales, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Sanidad de Fronteras, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aeropuertos 2000, Gendarmería, Migraciones y Aduana, y toda otra entidad que en el futuro se considere pertinente su participación.
Y sobre todo la normativa permite incorporar gastos a la partida presupuestaria destinada al Ministerio de Salud, según lo que requieran las medidas tomadas para contener la situación epidemiológica.
