Este lunes se cumplen 49 años del golpe de estado cívico, eclesiástico, militar del 24 de marzo de 1976 y se conmemora nuevamente el Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia. Luego de tres años del gobierno de Cambiemos, hubo un giro en torno a las políticas públicas vinculadas a los Derechos Humanos. El director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Walter Bosisio brinda un panorama de la situación marcada por un incremento en la vulneración de muchos de estos derechos.
El 24 de marzo trae al debate la política de Derechos Humanos a partir del año 2015 con las asunción del actual gobierno. Un claro giro en torno a las políticas públicas vinculadas a esta temática: desfinanciamiento de Programas, la implementación de una “fase represiva intensa” en comparación con gestiones anteriores para responder a la protesta social, la criminalización de la pobreza, el incremento en la vulneración de derechos y la violencia en el sistema penitenciario, la lógica del gatillo fácil –como ejemplifica el caso Chocobar- entre otras.
En términos de los derechos sociales, económicos y culturales, Bosisio sostiene que el gobierno ha llevado a cabo “una fase represiva intensa en comparación con gestiones anteriores” a partir de normativas e instrumentos como los protocolos de seguridad para impedir las expresiones y manifestaciones culturales, bajo el pretexto de defender el derecho a la libre circulación, “dejando en el olvido el derecho a la alimentación, al salario digno, al trabajo”. Y agrega que el panorama se define además por un aumento de desocupación, precarización laboral, pobreza e indigencia “indicadores claros de lógicas de vulneración de los DDHH en la dimensión económica, social y cultural”.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Seguridad puso en marcha una política de “criminalización de la pobreza”, de “intervención activa en la represión y eliminación de esos cuerpos pobres”. La lógica del gatillo fácil permea al aparato estatal, en su fase de control y vigilancia: “Los casos como los del policía Chocobar, asesinando por la espalada a un supuesto delincuente; el incremento de la violencia y tortura en las cárceles son indicadores de un giro mucho más represivo que llevó a cabo este gobierno. Lo mismo en términos de la disputa por tierras en la zona de la Patagonia y el modo de tratamiento de los conflictos socioculturales como el tratamiento de la cuestión indígena mapuche, por ejemplo. El caso de Santiago, de Rafael Nahuel son dos hitos que muestran la fase represiva incrementada por este gobierno”.
El Director del Programa de Derechos Humanos señala que el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) muestra “cómo se triplicaron los casos de vulneración de derechos y asesinato directo por fuerzas policiales de ciudadanos en situación de robo o encierro. Las masacres en algunas comisarías utilizadas como cárceles como en Pergamino dan cuenta de este terrible fenómeno que lleva a un corrimiento claro en la protección y el aseguramiento de los derechos humanos de la población bajo encierro en nuestro país”.
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