El desaire de la vicepresidenta Cristina Kirchner a los movimientos sociales en Avellaneda, donde planteó que hay que dejar de "tercerizar" la ayuda social, desconcertó a propios y extraños, especialmente porque la militancia agrupada en esas organizaciones no es ajena a su base social y electoral, ni mucho menos.

Sin embargo, al analizar en retrospectiva la serie histórica de la última década y media se pone de relieve que las diferencias entre la ex presidenta y el Movimiento Evita sobre el rol de los movimientos sociales en la organización de la economía popular vienen de muy lejos, desde los tiempos en que ella comandaba los destinos del país.  

"Nosotros fuimos parte de su Gobierno y movilizábamos a todos los actos del kirchnerismo, pero siempre tuvimos discusiones con ella sobre este tema. Hay una mirada que se plantea desde algún sector del kirchnerismo de que el problema de los planes sociales en la Argentina son los intermediarios, las organizaciones sociales. Es una idea muy gorila que coincide con la mirada del macrismo de que nosotros queremos el pobrismo y que todos seamos piqueteros. Esa mirada está pifiada porque no reconoce el valor y el peso específico de las organizaciones en un mundo desigual", sostuvieron a NA desde el Movimiento Evita.

Según señalaron, la vicepresidenta "sigue creyendo en un mundo capitalista de pleno empleo y eso ya no existe más". "Hoy ser explotados por el capitalismo es un privilegio", apuntaron con ironía, para dar cuenta que inexorablemente el sistema expulsa cada vez más gente fuera del mercado laboral formal.

"Hay once millones de personas que trabajan en la economía popular. Esa es la cantidad de personas que podrían anotarse para el IFE si siguiera existiendo. Es un universo de gente que no tiene patrón, y que no tiene derechos laborales, no tiene aguinaldo, vacaciones ni obra social", describieron.

En ese sentido, ponderaron que los movimientos sociales ayudan a ese universo de personas a dar contención, capacitación, herramientas de trabajo y en no pocos casos aportan ámbitos (como cooperativas) donde desarrollar su actividad laboral. Se trata de un trabajo que es independiente al cobro del Potenciar Trabajo al que los trabajadores de la economía popular acceden por su inserción en esas organizaciones sociales (que reciben presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social). "La gente no vive con los planes, no le alcanza", aclararon.

En su discurso en el acto de la CTA Cristina Kirchner descalificó a las organizaciones "piqueteras" con chicana incluida. "Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo", dijo en un acto con sindicalistas de gremios asalariados, negando de esa manera que la economía social pueda ser considerada trabajo. Prácticamente una "declaración de guerra", como definió el neoalbertista Luis DElía.

"El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja", agregó la vice en otra frase que provocó la indignación de los movimientos sociales.

También cuestionó el hecho de que durante este gobierno de Alberto Fernández hayan aumentado los planes sociales pese al descenso sostenido de la tasa de desempleo, acaso ignorando que a muchos trabajadores de la economía popular no les alcanzan sus ingresos en el actual contexto de inflación y necesitan un refuerzo aportado por el Estado.

Más allá del ruido que generaron estas declaraciones "antiplaneras", que cayeron simpáticas en la oposición de derecha, lo concreto es que la jefa del kirchnerismo preparó el terreno para impulsar el proyecto presentado por el diputado del Frente Patria Grande Itai Hagman para crear un Salario Básico Universal (SBU).

El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, blanqueó la postura del kirchnerismo duro al participar de una charla en la Legislatura bonaerense junto al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, para presentar la iniciativa. El ministro de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de Axel Kicillof ya había tuiteado a favor del proyecto cuando en mayo pasado se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación.

La SBU está pensada como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional que apuntaría a personas de bajos ingresos que se encuentran sin ocupación plena, se desempeñan como cuentapropistas o en la economía informal.

El monto del SBU que se propone equivale a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto y la cobrarían las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares. Se estima que lo cobrarían aproximadamente 7 millones y medio de personas, según explicó Hagman en declaraciones a NA.

En tanto, el proyecto también establece que cobrarán el 50% del SBU los monotributistas de categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma.

La particularidad de esta propuesta es que al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH) es una política de ingresos directa y transparente, sin intermediaciones ni discrecionalidad, que llegaría a los beneficiarios directamente a sus cuentas bancarias.

La orden de Cristina Kirchner es darle empuje al proyecto de SBU y transferirle el control de estas prestaciones a las intendencias, primeros mostradores del Estado, quitándole poder a los movimientos sociales.

Desde el Movimiento Evita apuntaron que las personas desocupadas se acercan a los movimientos sociales y no a los municipios porque estos últimos "los mandan a barrer y encima dan laburo un tiempo y después se quedan sin laburo".

La paradoja del proyecto de SBU es que fue presentado en Diputados por el Frente Patria Grande de Juan Grabois, líder de un movimiento social (el MTE), y también tiene el completo apoyo del Movimiento Evita, de Barrios de Pie y de la Corriente Clasista Combativa. De hecho, entre sus firmantes están Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Juan Carlos Alderete (CCC).

¿Cómo se explica esta situación ambigua? Hay lecturas contrapuestas. El kirchnerismo duro busca reducir los planes sociales y absorber buena parte de ellos en el SBU, mientras que el Movimiento Evita entiende que la nueva prestación no debería anular de ningún modo los programas sociales, ni quitar del medio a las organizaciones sociales, desfinanciándolas.

En diálogo con este medio, Hagman clarificó cuál sería el impacto del SBU en el reordenamiento de las políticas de asistencia del Estado Nacional.

"El SBU es para un universo similar al del refuerzo de ingresos. Puede que una parte de lo que hoy es potenciar trabajo cumpla con esas mismas condiciones, pero el trabajador de la economía popular que labura en una cooperativa y cobra un salario complementario con contraprestacion laboral no necesita que se lo reconvierta en nada sino en que se le den mas derechos al trabajo que ya realiza", explicó.