Autoridades de ambos poderes del Estado provincial participaron de una asamblea junto a la comunidad que viene reclamando, en las últimas semanas, Justicia por el femicidio de una joven de 16 años. Esta causa tiene como querellante a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a fin de garantizar el acceso a la Justicia y la asistencia a la familia de la víctima.
Autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial visitaron, este jueves El Sauzalito, para intervenir tras los últimos hechos de conflicto social y garantizar un espacio de resolución pacífica. La comitiva estuvo integrada por la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, la secretaría de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, el subsecretario de Planificación en Seguridad Leandro Álvarez, el procurador General de la provincia Jorge Canteros y la coordinadora integral en el Poder Judicial de los pueblos indígenas del Chaco Elizabeth González, quién ofició de traductora e intérprete.
Las autoridades se convocaron en asamblea junto a la comunidad Wichí a fin de escuchar su versión de los hechos en torno al femicidio de la joven de 16 años J.R, las demandas y el pedido de justicia. La comunidad aclaró que solo piden que se haga Justicia y demandan una solución pacífica a los conflictos que la atraviesan.
Para ello se conformó un espacio de escucha activa y participativa de los poderes Ejecutivo y Judicial a la comunidad, a fin de fortalecer el trabajo por mayor acceso a la Justicia y un servicio óptimo con perspectiva de género. Además de brindar, en este caso en particular, asistencia y acompañamiento a los familiares de la víctima del femicidio.
En tanto la comunidad se comprometió a mantener el diálogo con los poderes Ejecutivo y Judicial con el objetivo de llegar a una solución pacífica y avanzar en la investigación del femicidio.
Desde el momento en que se conoció el femicidio un equipo interdisciplinario del Poder Ejecutivo trabaja junto a la familia para garantizar el acceso a la justicia, puesto que la investigación penal se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría de DDHH y Géneros, a través de Litigios Estratégicos, se constituyó como querellante en la causa y se pusieron a disposición de la familia para evacuar dudas y ser un canal de comunicación entre la Fiscalía y la familia, informándoles también sobre los alcances de la Ley Brisa y ayudas urgentes del Estado para estas situaciones.
El comisario local Octavio Molina, que encabezó el operativo de seguridad de la manifestación por el pedido de justicia frente al Juzgado de Paz de la localidad, aseguró que la manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación.
Asimismo, en la constatación realizada por personal de la Policía del Chaco se pudo saber que el edificio del Juzgado no sufrió daños materiales y tampoco estuvo cerrado con candados.
Un médico constató el buen estado de salud y físico de la jueza de paz local, cuya integridad física no estuvo en riesgo ya que desde el inicio de la manifestación estuvo custodiada por las fuerzas de seguridad. Tampoco hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió.
