“Cumplimos con los compromisos que adquirimos”, dijo Diego Arévalo refiriéndose a la solución definitiva que les propuso a las familias que resultaron beneficiarias en el 2015 para ser adjudicatarias de una vivienda en la zona norte de la ciudad. El organismo determinó que el 30% de las viviendas que se construyan en Resistencia se destinarán a los y las beneficiarias del proyecto y adelantó que se los convocará en el mes de marzo.
Desde el 2015, un total de 643 familias que resultaron sorteadas del Proyecto Urbano Caraguatá, esperaban una solución a la problemática habitacional que se desató cuando dichos adjudicatarios y adjudicatarias de las viviendas no accedieron a las unidades habitacionales. Hoy el titular del IPDUV, Diego Arévalo, presentó una solución definitiva a estas familias. “El 30% de todas las viviendas que se otorguen en Resistencia serán destinadas a los beneficiarios y beneficiarias de este proyecto que aún persistan con un problema habitacional”, aseguró.
De esta manera, el presidente del IPDUV Diego Arévalo selló un compromiso con las más de 600 familias para cumplir con la promesa de estas viviendas. Por este motivo, a través del Instituto de Vivienda se determinó que aquellas y aquellos postulantes que salieron sorteados en el 2015 y que aún persistan con problemas habitacionales, tendrán un cupo habilitado del 30% del total de las viviendas que estén próximas a entregarse en la ciudad de Resistencia.
Actualmente, “ya hay un cupo reservado para los beneficiarios y beneficiarias del Proyecto Caraguatá”, aseguró el funcionario con mucho optimismo.Y adelantó que “en el mes de marzo, el Instituto de Vivienda empezará a realizar la convocatoria de las 643 familias ligadas al Proyecto Caraguatá”.
Vale recordar que hace 6 años, el gobernador Capitanich había anunciado la construcción de más de 600 viviendas en el Parque Urbano Caraguatá, las cuales se ejecutarían a través de los programas Techo Digno, Sociocomunitario y Sueños Compartidos. “Era un proyecto que iba a ser edificado en la zona norte de Resistencia pero, con el cambio de gobierno y durante el periodo 2015-2019, la llegada de los fondos nacionales se vio truncada, lo que les impidió avanzar con el plan propuesto”, detalló.
Durante esos cuatro años, comentó el funcionario que “en el Chaco no solo se dejaron de financiar proyectos, sino que también quedaron más de 2.500 obras paralizadas que nunca se terminaron y quedaron inconclusas por falta de una política habitacional”. “Luego, en el año 2020 consideraron que con la actual gestión tenían una deuda moral con todas estas familias que vieron sus sueños postergados, y a partir de allí, se plantearon un plan de trabajo, el cual consistía en ejecutar muchas más viviendas e incluirlos en las futuras adjudicaciones” expresó.
“Trabajamos día a día para convertir los hechos en realidades palpables”, subrayó Arévalo, al momento que agradeció la paciencia que tuvieron cada una de las familias desde el 2015 y valoró la buena predisposición por parte de los afectados por hallar una solución a esta problemática de manera conjunta.
