La medida fue adoptada luego de que se informara sobre la falta de provisión del servicio de agua potable en la ciudad, situación que provocó el vaciamiento de las cisternas del edificio e impide garantizar las condiciones mínimas de salubridad e higiene para el normal desarrollo de las actividades.
La falta de agua afecta el funcionamiento de las dependencias judiciales donde prestan servicios alrededor de sesenta agentes y también compromete la adecuada atención de quienes concurren diariamente al edificio, entre ellos niñas, niños, adolescentes, personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
