La Secretaría de DDHH y Géneros, el INADI y el Comité de Prevención de la Tortura encabezan el colectivo que realizó un segundo encuentro con las denunciantes para comprender el escenario que atraviesan y ayudarlas con apoyo legal y herramientas que garanticen su cuidado y protección.
El colectivo interdisciplinario, integrado por organismos provinciales y nacionales en defensa de los derechos humanos, realizó la segunda reunión con las mujeres de comunidades originarias de Miraflores que denunciaron violencia racista y discriminación. El objetivo es conocer en profundidad la problemática que las atraviesa para brindar herramientas legales y asistencia estatal que les garantice una vida libre de violencias.
El colectivo es integrado por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Junta Unida de Misiones – Chaco.
“Frente a las denuncias de mujeres Miraflores, mujeres de pueblos indígenas, víctimas de violencia racista y discriminación se hizo una intervención conjunta realizándose la segunda reunión con las mujeres, en las cuales se hizo un abordaje con el fin de realizar un relevamiento y un diagnóstico para poder brindar a las víctimas un acceso a herramientas frente a situaciones de violencia sistemáticas”, explicó la secretaria de DD.HH. y Géneros Silvana Pérez.
Su autodeterminación como pertenecientes a una comunidad originaria no debe generar mayor discriminación social, y vulneración de derechos económicos, sociales y políticos.
Para ello es fundamental una intervención estatal con mirada multidisciplinaria que garantice la protección de la integridad de las mujeres y sus derechos.
Además del encuentro con las denunciantes, desde el Comité Provincial Contra la Tortura se llevaron a cabo reuniones con diferentes entidades judiciales y policiales para avanzar en un abordaje integral que ayude a modificar las prácticas de discriminación y racismo.
