En julio el Sector Público Nacional registró un déficit financiero de $ 182.325 millones, por el aumento en gastos sociales y en adquisición de vacunas contra el coronavirus, lo cual representa el 1,6% del Producto Bruto.

 

El desequilibrio primario, antes del pago de deuda, fue de $ 117.739 millones, luego de excluir ingresos extraordinarios del Aporte Solidario.

 

El Ministerio de Economía destacó el incremento en inversión social en los programas Potenciar Trabajo, Progresar, Repro, y de política alimentaria, bonos al personal de salud, entre otros.

 

También hubo aumento del gasto en la adquisición de vacunas Covid-19 que permitió "acelerar el ritmo de vacunación", destacó Economía.

 

Si se incluyera el aporte a las grandes fortunas, el déficit primario se ubica en $ 98.570 millones y el financiero en $ 163.156 millones.

 

A julio se acumula un déficit primario de $ 306.668 millones (0,7% del PBI) y un desequilibrio financiero de $ 677.161 millones (1,6% del Producto).

 

Economía indicó que esta dinámica fiscal es el resultado de los principios planteados en el presupuesto: "Una expansión de los ingresos como consecuencia de una política de administración tributaria progresiva a medida que se recupera la actividad y, en simultáneo, una dinámica del gasto que fortalece y potencia esa recuperación", señaló.

 

Los ingresos totales ascendieron a $ 757.616 millones, con un aumento del 73,7% interanual que, excluyendo el Aporte Solidario, alcanzaría los $ 738.447 millones (+69,3%).

 

Los ingresos tributarios crecieron 69,6% interanual, impulsados por tributos sensibles a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (+$59.153,4 millones; +94,7%), los Créditos y Débitos (+$29.619 millones; +81,6%) y los derechos de exportación (+125%) ante la persistencia de los precios externos favorables.

 

Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 68,5% interanual, evidenciando una aceleración respecto de junio, explicada en parte por la recuperación de los salarios tras los distintos acuerdos paritarios.

 

 

Estos ingresos se encuentran disminuidos por las exenciones para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO II y las provincias del Norte Grande.

 

En cuanto a los ingresos no tributarios (+202% i.a.), se destacó lo registrado en julio por el Aporte Solidario y Extraordinario, que se utiliza exclusivamente para gastos de inclusión y destinados a morigerar los efectos de la pandemia (Ley N° 27.605).

 

Por su parte, la suba en las rentas de propiedad (+118%) obedece principalmente al cobro de servicios por préstamos ARGENTA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se encontraba suspendido en 2020 (+$8.944 millones), y al incremento de las rentas de Fondos Fiduciarios del SPN (+$2.138 millones).

 

La contracción de los recursos de capital se explica por lo dispuesto en la Ley 27.574, que suspendió el financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a erogaciones del programa de reparación histórica.

 

En cuanto a las erogaciones, el gasto primario registró en julio una suba de 44,7%, que asciende al 72% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021.

 

Esta expansión de alrededor de 13 puntos porcentuales por encima de la inflación se encuentra impulsada por la inversión de capital y las distintas políticas de inclusión social desplegadas por el Gobierno, indicó el Palacio de Hacienda.

 

Las transferencias al sector privado crecieron en $61.599 millones (+33,5%; +132% neto de gasto COVID).

 

En este universo se destacan los incrementos de tres programas: Políticas Alimentarias (+$10.918 millones), por la suba en la asignación en febrero 2021 (50%) y la ampliación de beneficiarios hasta 14 años, inclusive; Potenciar Trabajo (+$12.796 millones), por el aumento de titulares y del Salario Mínimo Vital y Móvil; y Acciones de Empleo (+$12.319 millones) – principalmente REPRO II -por la asistencia a sectores productivos afectados de forma crítica por la pandemia.

 

Adicionalmente, se invirtieron en el programa PROGRESAR (+$2.943,2 millones) y Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales (+$2.364,0 millones), este último asociado al pago de bonos realizados al personal de la Salud.

 

En el caso de la Asignación Universal para Protección Social (+87,0%), su crecimiento, al igual que en junio, se explica por la realización de pagos retroactivos ante la presentación de Declaraciones Juradas por educación pendientes.

 

En cuanto al gasto en bienes y servicios, registró una suba de 150,6% interanual, asociada en su mayoría al programa de adquisición de Vacunas COVID-19 (+ $14.732 millones).

 

En materia de subsidios energéticos, se destacan los pagos del programa de Formulación y Ejecución de Políticas de Hidrocarburos (+1,518,1%), principalmente en el marco del programa Plan Gas (+ $7.231,9 millones) y la asistencia a CAMMESA (+166%).

 

Las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $282.915 millones (+41,3%).

 

Esta dinámica está explicada por la actualización de la fórmula de movilidad (Ley N° 27.609), que arroja mayores incrementos para los jubilados y jubiladas en línea con la recuperación de la recaudación y los salarios de la economía.

 

Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación de +$5.250 millones (+8,2% interanual; +44,7% neto de gasto COVID).

 

En este concepto se incluyen las transferencias con destino a la Ciudad de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 y a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020.

 

El gasto de capital registró una suba de +$24.757 millones (+91,6%).

 

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayor inversión de empresas públicas (+$3.136,4 millones), por la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías (+$7.214,8 millones) y la inversión realizada por el Ministerio de Obras Públicas (+$2.422,0 millones) en el marco del programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas.

 

Además, se observaron mayores transferencias de capital a las provincias, entre las cuales se destacan aquellas realizadas al ENOHSA (+$1.769,5 millones), como así las asignaciones para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (+$1.029,8 millones).