El Gobierno presentó ante la Justicia en lo Penal Económico unos 15 documentos sobre el envío de municiones y otros elementos antitumulto a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y la consolidación de la mandataria de facto Yanine Añez.
La documentación, según revelaron fuentes oficiales, reconstruye la ruta de esos elementos, lo que incluye su origen en Fabricaciones Militares y la coincidencia de la identificación en la Argentina con lo hallado por las autoridades bolivianas en depósitos de sus fuerzas de seguridad.
La ampliación de la denuncia hace hincapié en un ex comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba como el presunto coordinador de la logística para la llegada del armamento y como nexo con las fuerzas de seguridad que respondían al gobierno de facto.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia había sindicado a un “uniformado” –al que no tenía inicialmente identificado- como la persona que coordinó el operativo tras el arribo del avión Hércules C-130 que transportó el material antidisturbios y a efectivos del grupo de elite de la Gendarmería conocido como “los alacranes”.
Ese “uniformado”, según parece surgir de la documentación presentada por el Gobierno ante la Justicia, es Caliba. De acuerdo con la documentación, Caliba reportaba directamente al comandante Gerardo Otero, por entonces titular de Gendarmería.
Caliba fue sindicado como quien se ocupó del operativo que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de El Alto. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que el avión nunca detuvo sus motores durante su breve estadía en la aeroestación.
En ese lapso, desembarcaron los “alacranes”, se descargó el armamento y, por una indicación atribuida a Caliba, el personal diplomático argentino que iba a ser evacuado subió a la aeronave para emprender el regreso a la Argentina.
En esa secuencia también participó, según se desprende de la investigación, el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.
Los sumarios internos, el aporte de pruebas y las ampliaciones de denuncias quedaron reducidos al Ministerio de Seguridad, a la asistencia técnica de Justicia y Defensa, y a la intervención de la AFIP.
La Unidad de Información Financiera (UIF) quedó de momento al margen de la situación por cuanto, según explicaron las fuentes, no hay una hipótesis de lavado de dinero como consecuencia de los delitos que pudieron haberse cometido con el envío ilegal de los pertrechos al vecino país.
Si, en cambio, avanza la hipótesis del encubrimiento, sobre todo a partir de la nota interna de Gendarmería que el 15 de julio de 2020 consignó que los 70 mil cartuchos antitumulto enviados a Bolivia habían sido utilizados para “tareas de entrenamiento”.
Los “alacranes” desmintieron tal versión y parte del armamento supuestamente disparado en los entrenamientos fue hallado sin disparar en los depósitos de las fuerzas de seguridad bolivianas.
Fuente: Noticias Argentinas
