El gobernador Jorge Capitanich condenó el uso de la uso de justicia por mano propia desconociendo las leyes vigentes y calificó de “inadmisibles” los hechos sucedidos en General San Martín como consecuencia de la muerte del joven Qom.
A través de sus redes sociales el primer mandatario provincial aseguró, tras el incendio de la vivienda de la familia de uno de los policías detenidos tras ser identificado como uno de los supuestos responsables del hecho en donde perdiera la vida José Lago, que “en la provincia de Chaco se respeta la constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio”.
Aseguró que “la plena vigencia del estado de derecho implica respetar los siguientes principios: presunción de inocencia, igualdad ante la ley, debido proceso y defensa en juicio.
“Es inadmisible y repudiable el uso de justicia por mano propia desconociendo las leyes vigentes”, aseveró.
Agregó además que “un hecho desgraciado no puede ni banalizarse ni debe formar parte de confrontaciones irreductibles ni mucho menos debe propiciar episodios de violencia” y aseguró “tampoco debe fomentar el odio, la discriminación, el racismo ni la xenofobia”.
Capitanich destacó que ante el hecho el Estado se convirtió en querellante particular de la causa y promueve la cooperación de organismos especializados a los efectos de esclarecer la muerte del joven.
“Nuestra provincia ha adoptado el juicio por jurado en materia penal estableciendo para este caso que las comunidades originarias tendrán la mitad de la representación como jueces populares a los efectos de garantizar transparencia y participación comunitaria”, destacó.
Dijo además que “este desgraciado episodio no debe convertirse en un enfrentamiento entre hermanos” y que le “compete a la justicia identificar a los culpables y al jurado resolver respecto a la culpabilidad del acusado siendo el juez quien debe aplicar la pena”.
El gobernador criticó los “intereses políticos mezquinos que pretenden hacer de este desgraciado suceso una causa política para embretar al gobierno respecto a quien apoya”.
Sobre esto mencionó: “Nuestra respuesta es contundente: apoyamos la verdad y la justicia. No a facciones ni a grupos de intereses”.
Aseguró que “quien comete un asesinato debe ser condenado, pero el hecho debe ser probado con las garantías constitucionales del debido proceso”.
El gobernador calificó de “inadmisibles las movilizaciones para ejercer presión innecesaria para quienes deben impartir justicia”.
