No obstante, desde la Federación manifestaron otras conclusiones sobre los dichos de la ministra “el hecho de haber terminado reconociendo la propia Ministra la pobreza de los sueldos de los trabajadores de la Educación, por lo que se deduce claramente la justicia de la lucha docente y consecuentemente la contradicción de tomar medidas represivas como es el hecho de los descuentos y la persecución a directores a través de información sumaria como son los casos concretos de la EES N° 112 de Corzuela; la EES N° 15 de Barranqueras y la EES N° 99 de Las Breñas, conocidos hasta el momento, por lo que este sindicato brindará respaldo sindical y legal a los directores perseguidos”.

 

Asimismo, continuaron, “la Ministra no contestó por qué no se pagó la cláusula gatillo 2020 cuando sabemos que la coparticipación del mencionado año fue superior a la inflación y solamente se otorgó un mezquino 7,8 % y que es el nudo central del conflicto. Como así tampoco pudo dar respuestas sobre los motivos por los cuales el gobierno no cumple con el mandato constitucional que fija 33 % como mínimo de inversión en educación de todo lo que ingresa por coparticipación y tributos provinciales y que algunos cálculos hacen presumir que solo se otorgan un escaso 26% lo que significa recortar millones al presupuesto educativo”.

 

Por otra parte, agregaron, “si quedó claro que un 20 % de lo que se destina a educación va a parar en manos de los amigos del gobierno, como es el tema de la subvención de las escuelas privadas; gestión social y de proyectos especiales, cuestión esta que contradice su mensaje de que ‘Esta Ministra es Defensora de la escuela Pública de Gestión Estatal’ que vale aclarar, es lo que históricamente conocemos como ‘defensa de la escuela pública’”.

En este sentido cabe recordar la postura pública de este sindicato que cuestiona fuertemente la subvención a la escuela privada ya que las mismas, según explicaron, “en su gran mayoría, son negocios otorgados a los amigos destacados del gobierno, situación que colisiona con la propia Ley de Educación que establece que con la educación no se puede lucrar. Al mismo tiempo, llama poderosamente la atención que de acuerdo al informe que emite el propio Ministerio a este sindicato (en una sentencia a favor después de 3 años de iniciado un juicio sobre el derecho a la información) expresa que son 239 las Escuelas de Gestión Privada y en la interpelación la Ministra manifestó que eran 214, por lo que esta diferencia entre un informe y otro deja al descubierto que la Ministra o no sabe contar o informan lo que les parece según la situación-“.

 

Algo similar sucede con la privatizaciones de las escuelas de gestión social que son otorgadas a movimientos sociales amigos del gobierno y que están por fuera de la legalidad en cuanto que no existe reglamentación de la ley de Educación, y la misma solamente establece que se crean escuelas de gestión social y encomienda a la Cámara de Diputados a que la reglamente, es decir que ni el propio ejecutivo está capacitado para reglamenta este tipo de escuelas; sin embargo el Ministerio, haciendo gala de atribuciones que no les fueron conferidas, dice haber reglamentado, cuando en la realidad es simplemente el arbitrio y la voluntad de cada uno de los Ministros de otorgar, o no, este tipo de escuelas. Queda claro que nunca vamos a saber cómo se designan directores, rectores, profesores, etc. y que, en la práctica, termina siendo una competencia absolutamente desleal con las escuelas públicas, en cuanto que en ocasiones les otorgan mejores condiciones que a estas”

 

En tanto, citaron a la ministra al señalar que “como dijo la Ministra, los proyectos especiales están dentro del Estatuto Docente, los mismos son situaciones excepcionales, con requisitos especiales pero que en la realidad es la manera y el modo de cómo el gobierno otorga beneficios a amigos, e incluso gran parte de los designados no son docentes, tal lo ha denunciado, más de una vez este sindicato, cuando advertía que a través de la figura de ‘proyectos especiales’ se otorgan cargos u horas cátedras a equipos deportivos, choferes y fotógrafos. Así también, se trata lisa y llanamente de un abuso de la norma que contempla los proyectos especiales, cuando por ejemplo se habilitan jardines, BLA, CEF, etc, bajo esta modalidad, cuando bien podrían ser institucionalizados pero para de evitar las normas que rigen para las instituciones, optan por la creación de proyectos especiales para designan a su antojo el propio ministerio o las regionales”.

 

Menos aún pudo dar explicaciones la Ministra de lo que viene, desde hace años, denunciado este sindicato sobre el negocio de los postítulos, limitándose a leer toda la normativa vigente pero que en la práctica constituye la alianza entre dirigentes gremiales y Ministerio para hacer un lucrativo negocio, que tal lo hemos manifestado, trae como consecuencia la alteración y rompimiento del orden de mérito para adquirir cargos y/u horas cátedras, en cuanto que aquel docente con mayor poder adquisitivo es el que se verá beneficiado, por lo que se constituye en un tema que deberán solucionar los propios docentes y que quedó en cartera ante la suspensión por la pandemia del Congreso Pedagógico”.

 

Así las cosas, concluyeron que entre “la maniobra concebida de los Ministros ante una interpelación de hacer informes extensos para diluir los temas centrales y al mismo tiempo entrar en el juego por parte de los diputados interpelantes para determinar qué gobierno es más ajustador y represor, se perdió una oportunidad y un debate que podía haber arrojado luz sobre por qué la educación está en crisis y cuáles son los medios y herramientas para solucionarla, como así también la posibilidad de unificar y apostar, tal se jactan todos los diputados, en defender la escuela pública y otorgar condiciones dignas de trabajo y de salario”.