En horas del mediodía inició el allanamiento solicitado por el fiscal federal, Carlos Amad. Buscan más documentación vinculada a la causa que investiga a la intendenta Liliana Pascua por presunta entrega de viviendas públicas, que tenían destino a comunidades indígenas y hoy aparecerían registradas de propiedad de personas del entorno de la jefa Comunal.


La causa

“PASCUA, Liliana del Carmen s/Defraudación contra la administración pública”, Expediente FRE N° 3493, es la causa por la que se investiga a la jefa comunal de Urien, de extracción justicialista.

El caso nació tras una denuncia presentada ante la justicia Federal por el diputado radical, Alejandro Aradas, en octubre del año pasado. Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.

Esas viviendas, sostiene la denuncia, que estaban destinadas a familias indígenas vulnerables, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Consejo Deliberante, muy cercana a Pascua.

Varias construcciones fueron edificadas de manera que no se ajustan a lo normado en dicho plan ya que difieren sustancialmente con las características austeras. “Sin ir más lejos, la habitada por Pascua es de dos pisos lo que evidencia las profundas divergencias que existen con el plan que las motivó”, remarca.

Por otra parte, en la denuncia de Aradas se menciona una casona ubicada en Villa Ángela cuya propiedad es también de la jefa comunal. La misma tiene una superficie de 400 metros cuadrados y está valuada estimativamente en más de 30 millones de pesos.

“Atento ello la pregunta que nos cabe es: ¿Cómo la intendenta en un municipio de tercera categoría como es Enrique Urien puede costear, primeramente, la compra del terreno en el año 2016 y posteriormente a ello la fastuosa construcción emplazada en un corto plazo, teniendo un ingreso aproximado hoy en día de noventa mil pesos mensuales?”, se preguntó Aradas en su acusación.

El diputado amplió la denuncia con la declaración de Bruno Emanuel Ayala. Ayala le relató que existían facturas a su nombre por trabajos de gran envergadura supuestamente realizados al municipio de Enrique Urien, pero que él asegura nunca haber realizado. En este sentido, Aradas presentó copias simples de diez facturas que serían apócrifas las cuales van desde la numeración 0001-00000001 a la 0001-00000013, y que en total suman $457.196.

También acercó a la justicia el testimonio de Fabián Paulino Domínguez, exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Enrique Urien, en el periodo que comprende desde el 20 de marzo de 2014 al 15 del mes de enero del año 2015. Domínguez presentó su renuncia ante las presuntas irregularidades que se venían desarrollando en el municipio.

Asimismo, indicó que existe una cooperativa llamada “El Constructor” y el responsable adujo que nunca había realizado obra alguna en la localidad. Sin embargo, existen facturas por más dos millones de pesos.

“Por otro lado, hay deudas en corralones de la localidad de Villa Ángela, como ser: BRACAMONTE por $300.000, de materiales que nadie sabe adónde fueron a parar, pero seguro que las obras no, ya que las mismas se encuentran paradas y, de no ser así, cada una recibe los recursos por otras vías. A otro comercio llamado Hierros Kennedy, también de Villa Ángela, se le adeuda más de $50.000 materiales que tuvo como destino a un Hípico y un Campo de Doma, ubicado uno al lado del cementerio local y el otro a 400 metros al norte del municipio, y ninguno cuenta con proyecto que avalen esa inversión”, agregó Aradas en su denuncia.