Por su parte, este jueves diputados de la oposición presentaron ante el juzgado de la seguridad social Nº 10 pidieron mediante un escrito intervenir como terceros y también poder apelar la resolución judicial. El pedido fue firmado por Alfredo Cornejo, presidente de la UCR; Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados y los diputados Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, con el patrocinio letrado del abogado previsionalista Federico Despoulis Netri.
Cristina Fernández de Kirchner había iniciado la demanda en 2017 luego de que durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Desarrollo Social, que encabezaba Carolina Stanley dictó una resolución que impedía el doble cobro del beneficio previsional. La actual vicepresidenta reclamó entonces la devolución de la pensión del ex presidente Néstor Kirchner y las sumas retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias.
Como el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, CFK goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la ley 24.018. Pero la entonces diputada Margarita Stolbizer denunció que había irregularidades en el cobro de las dos pensiones, una por su mandato y otra por el de su esposo.
“Mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias, una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”, detalló el diputado radical Alejandro Cacace.
“Si bien bajo la legislación actual la vicepresidente tiene derecho a percibir una asignación vitalicia, esta es incompatible con todo otro haber, jubilación, pensión o prestación del Estado. El verdadero espíritu de las asignaciones mensuales vitalicias a presidentes y vicepresidentes, constituida por primera vez hace 80 años, fue asegurar en ese momento que aquellos que habían sacrificado su vida por el ejercicio de la función pública pudieran continuar luego teniendo una vida digna”, agregó.
