Montgomery, de 52 años y encarcelada en la prisión de Terre-Haute, en el estado de Indiana, iba a recibir esta noche una inyección letal, tras haber sido hallada culpable, hace 16 años, de matar a una mujer embarazada para robarle a su hijo.

 

Pero el juez James Hanlon del distrito sur de Indiana ordenó ayer la suspensión de la ejecución a petición de los abogados de la mujer, que basaron su defensa en la salud mental de su clienta.

 

"Las informaciones presentadas (...) contienen muchas pruebas de que el estado mental actual de Montgomery se aleja tanto de la realidad que le impide comprender racionalmente el motivo del Gobierno para su ejecución", justificó el juez.

 

El magistrado indicó que el tribunal fijará una fecha para otra audiencia destinada a evaluar su salud mental, informó la agencia de noticias AFP.

 

En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima, una criadora de perros, en Internet y acudió a su domicilio en el estado de Missouri con la excusa de comprarle un terrier.

 

En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.

 

Sin negar la gravedad de su crimen, sus defensores pidieron la semana pasada clemencia al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

 

Montgomery padece trastornos mentales fruto de violaciones en grupo durante su infancia, según los abogados, que pidieron al mandatario conmutar la pena capital por cadena perpetua.

 

Trump, un firme partidario de la pena de muerte, no respondió por el momento a la petición de la mujer, que debía convertirse en la primera ejecutada por las autoridades federales desde 1953.

 

La próxima semana asume la presidencia el demócrata Joe Biden, que se opone a la pena de muerte y prometió trabajar con el Congreso, ahora controlado por su partido, para tratar de acabar con esta práctica a nivel federal.

 

Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, a diez hombres se les aplicó la pena capital en la prisión federal de Terre-Haute, donde cumple condena Montgomery.

 

"En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que están en el corredor de la muerte desde hace años o incluso décadas. Es una locura", denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.

 

Antiguos guardias de la penitenciaría de Terre-Haute, por su parte, escribieron al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones "hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra la Covid-19".

 

Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados estadounidenses suspendieron las ejecuciones durante meses.

 

El Gobierno de Trump hizo todo lo contrario y se mostró partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.

 

La Justicia ya había suspendido la ejecución de Montgomery en noviembre 2020 porque sus abogados habían dado positivo al Covid-19.

 

En un caso de rapidez inusitada, la administración fijó que la ejecución se podría realizar a partir del 12 de enero.

 

Un juez consideró apresurada la decisión y canceló esa fecha, pero el Departamento de Justicia apeló y ganó.