Con el voto solo de los diputados del Frente Chaqueño, a excepción de las tres del bloque CER -Elida Cuesta, Andrea Charole y María Elena Vargas- que votaron en contra junto con la UCR, el proyecto para reglamentar la actividad rentada a los presos de la provincia se convirtió en ley.

 

El principal objetivo, expresado tanto por los diputados oficialistas como por el gobernador Jorge Capitanich, es mejorar la reinserción en la sociedad una vez que los detenidos cumplen su pena.

 

El radicalismo mostró su oposición al proyecto desde un principio y tras ser aprobado lanzaron contundentes críticas a la iniciativa. “Capitanich prioriza pagar $20 mil pesos a los presos y mantener bajo la línea de pobreza a maestros, policías, personal de salud y jubilados”, indicaron a través de un comunicado, en el que también consideraron que “es inconcebible que mientras un jubilado provincial gana $16.000, un trabajador de salud $15.000, un docente o un policía $20.000, el gobernador Capitanich ponga como punto número 1 de su agenda una renta de $20.000 para personas detenidas”.

 

 

“Coincidimos y acompañamos la idea de formación y capacitación de personas que han cometido delitos como herramienta de superación personal y reinserción en la sociedad, pero la vocación de reinserción social no es pecuniaria, debe ser un servicio”, agrega el comunicado.

 

Ante tal situación, el gobernador Jorge Capitanich se refirió a los reproches opositores y dijo que “sinceramente me preocupa esta malicia cuando se pretende tergiversar ante la opinión pública” y añadió que lo que propone la ley “es una recomendación de carácter internacional para todas las personas que son detenidos”.

 

En ese marco, en diálogo con La Radio, contó que en la provincia hay entre 2300 y 2500 presos y “lo que la Ley pretende es la sustentabilidad de las personas detenidas merced de su propio esfuerzo y trabajo para que el Estado gaste menos, no más”.

 

Explicó el gobernador: “Como el sistema es un ingreso en función del trabajo y ese ingreso se deposita en cuentas, lo que permite es efectivamente la reinserción social de la persona detenida cuando cumple la pena. Nadie percibe un ingreso si no trabaja, y el trabajo está debidamente regulado”.

 

 

El mandatario provincial consideró entonces que “el gran problema es que si no existe un cambio en la persona humana, cuando sale del cumplimiento de su pena, en definitiva comete delitos nuevamente, inclusive con mayor intensidad/frecuencia o mayor impacto social. Si nosotros no somos capaces de transformar a las personas detenidas o recluidas, en realidad podemos tener peores consecuencias”.

 

“La ley es una moderna concepción desde el punto de vista legislativo, eso permite que nadie perciba un ingreso si no trabaja y el trabajo está debidamente regulado por ley, a su vez se deposita en cuenta y eso se acumula a futuro”, añadió.

 

“Justamente todo lo contrario que con absoluta alevosía y malicia se dijo en el debate. Lo que estamos haciendo es promover un mecanismo de ingreso para que efectivamente la persona pueda trabajar, generar ingresos al estado para su sostenimiento y preservar una cuota correspondiente para que cuando salga pueda insertarse en el trabajo”, expresó Capitanich.

 

En ese contexto, dijo que “eso es lo que corresponde legítimamente hacerlo” y señaló que “estas cuestiones no deben ser apresuradas en el debate, porque si se distorsionan por razones políticas no tiene sentido”.

 

El mandatario provincial manifestó que “se establece por distintos informes estadísticos que muchas veces la reincidencia es equivalente al 80% y la manera más adecuada de reducir y/o eliminar la reincidencia es a través de una transformación profunda desde el punto de vista anímico/espiritual, desde el punto de vista de la capacitación. Muchos detenidos pueden lograr terminar sus estudios, hacer estudios universitarios, lograr una nueva vida a partir del cumplimiento de sus penas”.

 

“Hay cuestiones que no necesariamente deben formar parte de la especulación política, de la diatriba, del engaño, de la politiquería barata. Tenemos que hacer algo bueno para la sociedad, ser respetuosos con todos”, cerró.

 

 

Según también el artículo 12, la remuneración que perciba el recluso será similar al salario mínimo, vital y móvil. A su vez, no podrá ser inferior al tercio de este monto. "El trabajo es un deber y no un derecho, por lo que el mismo será utilizado como medio de tratamiento reeducativo y no como castigo adicional", afirma el proyecto.

 

Teniendo en cuenta el monto total, el artículo 14 de la ley explica que, hasta el 10% del salario que el recluso perciba, podrá ser utilizado para gastos personales. Otro 10% podrá ser utilizado para indemnizar los daños y perjuicios que causó su delito y hasta un 30% para asistir a su familia.

 

Los saldos líquidos que perciban serán depositados en cuentas de ahorro de un organismo oficial o, de otra forma, invertidos en la adquisición de bienes con una previa autorización carcelaria. Las cuentas y bienes estarán a nombre del recluso y no podrán ser cedidos.

 

Las actividades laborales que los presos realicen deberán ser previamente respaldadas por la actual legislación de trabajo. Sin embargo, el desempeño que desarrollen no los eximirá de cumplir prestaciones personales dentro del establecimiento.

Diario Chaco