La denuncia por “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” ingresada el viernes pasado en la Fiscalía N° 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto acusa a la Coordinadora de la Unidad de Protección Integral (UPI) Centro Oeste, Carolina De Domingo, de evitar tomar medidas respecto a una serie de denuncias policiales que recayeron en la Unidad por menores en situación de riesgo.

 

Las UPI son áreas del Gobierno Provincial conformadas por equipos interdisciplinarios responsables de actuar en caso de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que se descentralizan en distintas regiones de la provincia. Este conflicto pertenece a la “Centro Oeste”, la cual tiene sede en Presidencia Roque Sáenz Peña y anexo en Taco Pozo.

 

Por su parte, la denunciante aseguró que “había constancias en su expediente de la peligrosidad a la que están expuestos tales niños y no se tomó medida alguna”, y explicó que su abogada pudo acceder a un informe de la Unidad “en el cual se evidenciaba el riesgo al que estaban expuestos los niños”, sin embargo, asegura que De Domingo le habría negado la posibilidad de fotocopiar esos documentos y que posteriormente la habría echado del lugar. En ese contexto, la denunciante acusa que la funcionaria habría dado órdenes al personal de no atender a su abogada “y destratarla cada vez que vaya a la Unidad”.

 

Con la denuncia consumada y las solicitudes de la Fiscalía en proceso, se habría viralizado un audio que pertenecería a De Domingo, en el cual el cual solicita colaboración a otra persona para un intento de manipular documentos que deben ser presentados ante la autoridad jurídica: “Vos mirá bien el informe porque lo tengo que remitir a la Fiscalía y controla qué es lo que agregamos. Yo te digo una cosa, la abogada no sacó copias ni fotos, osea puede estar mintiendo. Este expediente viene del 2019, ahí tenes el primer bache, por eso quiero que mires, que leas todo a ver qué podemos hacer, para mí si mandamos así me imputan”, relata en la charla viral.

 

Frente a esta situación la denunciante remarcó que los audios también ya fueron remitidos a las autoridades competentes, y recordó que la UPI “es un órgano administrativo en el que se basa muchas veces el Juzgado de Familia para actuar en las situaciones de riesgo de los menores de edad", y aseguró en tal sentido que dicho Juzgado muchas veces “se ve imposibilitado de proceder si la UPI no realiza su trabajo bajo las disposiciones legales correspondientes”.