El pasado 7 de junio, ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo N° 820/20, por el cual se establece un sistema de jubilación especial -o "anticipada" en el marco de la pandemia COVID-19; ante esto y por aquel entonces, la A.T.E.CH. expresó públicamente su “categórico rechazo”, considerándolo “oportunista y financieramente irresponsable”

 

Desde el gremio afirman que, “todas estas jubilaciones van al InSSSeP. En esta pretendida ley no hay ninguna previsión de recursos para cubrir las jubilaciones como tampoco hubo sobre leyes de retiro, de lo que claramente se deduce que irá a incrementar el déficit. El pago de los aportes por parte de los beneficiarios de jubilaciones o retiros no compensa las futuras erogaciones previsionales que, al producirse en un sistema con la relación activo-pasivo negativa (inferior de 4 activos x 1 pasivo). Solo acrecientan esta relación negativa y exponencialmente el déficit financiero del sistema previsional solidario y de reparto (el tema está en la cantidad de agentes activos que con sus aportes sostienen a cada agente pasivo)”.

 

Asimismo, consideraron que “actitud consuetudinaria de nuestra dirigencia política con poder de decisión... como tampoco previeron cubrir el déficit cuando dictaron la ley 7820/16 (de liberación del tope jubilatorio para que el InSSSeP pague suculentas jubilaciones privilegiadas a la fecha de más de $ 350.000 -pesos trescientos cincuenta mil- por supuesto, no para los afiliados rasos...). Se utiliza así sistemáticamente al InSSSeP y al sistema previsional como una financiera para privilegiados como con la ley mencionada, y de "jubilaciones" de personal que discrecionalmente los tres poderes del Estado quieren prescindir a través de las "jubilaciones de oficio"; leyes de retiro, y ahora con "jubilaciones especiales", con el objetivo no expresado de liberar vacantes que luego son cubiertas por personal subordinado políticamente al poder de turno (recordar sin ir más lejos las cinco mil designaciones de la gestión Peppo)”.

 

Y agregaron que “la jubilación "de oficio" de la parte docente -que tiene un régimen diferenciado, específico, diferenciado porque hace aportes mayores al resto de los trabajadores para jubilarse con un régimen distinto al de los demás agentes, por lo que implica la tarea docente tanto en el plano físico como psíquico, como lo indica el actual régimen jubilatorio, con 28 años de servicios sin límite de edad, con 25 años frente a alumnos...- lleva a pensar definitivamente que, si hace veintiséis años nos quitaron el régimen de retiro docente y pese a los reclamos permanentes, no lo han restituido jamás; otorgar jubilaciones que alteran el normal uso y ejercicio del derecho previsional rompe el equilibrio del régimen especial docente, no está diagramado para "beneficiarnos" a los trabajadores de la educación. Cita el proyecto entre otros para ser abarcados en la jubilación "de oficio" a los docentes que están en tareas pasivas, para lo que ya hubo intentos anteriores de "retiros de singulares e inaceptables características para dichos colegas; jamás haciéndose eco ningún gobernante, ningún legislador, del viejo proyecto de ATECH para que por ejemplo, se modificara el umbral del porcentaje de discapacidad establecido en la ley 4044, para que los colegas con problemas de salud que así acreditaren, pudieran jubilarse por discapacidad... pero no retirándolos o jubilándolos "de oficio", y en medio de la eterna lucha por los salarios dignos que merecemos y no los tenemos, combatiendo históricamente los montos en negro o cifras no remunerativas y no bonificables que no forman parte del sueldo del colega jubilado”.

 

“Es evidente que no es que están cuidando la salud de la gente, sino que cuidan la salud política de los gobiernos de turno, y le tiran todo el costo al InSSSeP”, concluye el comunicado.