Así los aseguró Julio García, uno de los abogados que promovieron la acción civil que el pasado lunes tuvo sentencia favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que revocó el fallo de primera instancia.
Tras la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que revoca el fallo de primera instancia y ordena al Estado nacional pagar indemnizaciones e inversiones públicas en favor del pueblo Qom para reparar los hechos registrados en la histórica Masacre de Napalpí, los abogados que promovieron esta acción civil expresaron su satisfacción y adelantaron que se evalúa la posibilidad de presentar algún recurso extraordinario en caso de que la causa sea apelada. En comunicación con Radio Provincia, el abogado Julio García, especialista en derecho indígena y uno de los promotores de esta causa que tuvo sentencia, expresó su “satisfacción” por el fallo emitido este pasado luenes, pero explicó que actualmente se encuentran en una etapa de valoración de la sentencia analizando la posibilidad de presentar algún recurso extraordinario. “Hubo mucha desidia y una larga espera cuando la causa la tramitaba el juez Skidelski, demasiada morosidad, lo que generó que se dilate este desenlace y queden en camino muchos protagonistas que no pudieron ver este final feliz”, aseveró.
La sentencia firmada por las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá revocó un fallo de primera instancia e hizo lugar a la demanda de la Asociación Comunitaria "La Matanza", ordenando al Estado nacional pagar indemnizaciones y también realizar inversiones públicas para promover el desarrollo del pueblo Qom. Si bien la Masacre de Napalpí ocurrió en 1924, la acción judicial se inició recién hace 16 años y luego de un largo proceso e investigación, obtuvo a principios de este año un fallo en primera instancia que si bien reconocía los hechos, no establecía ningún tipo de reparación para el pueblo Qom. “Esto ha sido remediado por un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que no solamente reconoce el hecho sino que también la obligación del estado nacional de reparar el daño causado”, explicó García.
“El sujeto que ha sufrido este daño, en este caso, es un pueblo indígena, más allá de los sujetos individuales, sucesores o descendientes de quienes fueron los verdaderas víctimas de estos delitos de lesa humanidad”, aseveró.
Con respeto a la posibilidad que en el futuro se pueda emitir otro fallo reparando al pueblo indígena Mocoví, que luego también se comprobó que fue víctima de esa masacre, Julio García explicó que esto es factible ya que a pasar del inicio posterior de esa causa, la postura es la de seguir luchando por dicha reparación. “Siempre reconocí esa insolencia jurídica que tenía el doctor Carlos Díaz, quien fue el que inicio esta causa hace 16 años, ya que planteó el caso y se sentó a hablar con los miembros de las comunidades indígenas para poder elaborar un trabajo de investigación a través del Congreso de la Nación para poder llegar hasta este objetivo”, valoró el abogado chaqueño.
Para García es muy valioso rescatar la actitud de los pueblos indígenas que insistieron en la búsqueda de respuestas a una verdad histórica y comprobada fehacientemente. “Este hecho histórico estaba muy ninguneado, con mucha invisibilidad y hasta negado por muchos a costas del dolor interno de un pueblo que todavía sufre por esto”, expresó el especialista.
Julio García explicó en su entrevista con Radio Provincia, que las pruebas irrefutables que derivaron en el reconocimiento judicial de la Masacre de Napalpí surgieron luego de un exitoso proceso de investigación llevado a cabo en el archivo histórico de la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde luego de largas semanas de intenso trabajo se pudieron encontrar actas de un diputado socialista de la época que documentó todo el proceso de manera fehaciente desde el primer momento del hecho. “Está todo registrado en estas actas, desde que Centeno da la orden hasta el registro de despegue del avión donde figura los nombres de la tripulación, toda información que fue presentada por medios de comunicación de la época pero que carecían de formalidad legal”, expresó.
En lo que refiere a las indemnizaciones que estipula la sentencia, Julio García manifestó que se va a crear un fondo fiduciario administrado por la Asociación Comunitaria La Matanza y que será monitoreado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y por la Fundación Rigoberta Menchú.
El reconocimiento económico para el pueblo Qom asciende a un monto equivalente a 1800 salarios mínimos, vitales y móviles de poco más de 16 mil pesos para la Asociación Comunitaria La Matanza, en razón de 360 salarios mínimos por año durante cinco años. La otra indemnización llega a 19 mil salarios mínimos, vitales y móviles (a razón de 1900 anuales durante 10 años) que deberán ser destinadas a inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Toba, a los fines de promover su desarrollo.
Además, García concluyó informando que el fallo ordena también destinar inversiones a realizar por el Estado, que serán a requerimiento e indicación de la “Asociación Comunitaria Colonia La Matanza”, bajo la auditoría y asesoramiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), y deberá cumplirse en forma progresiva.
