El presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, participó del conversatorio “Análisis político de la reforma judicial”, organizado por la Fundación Alem.
A su turno, Peche señaló “como la gran mayoría de los argentinos, estoy muy preocupado por lo que considero una de las crisis económica, social e institucional más graves de la historia del país como consecuencia de varios factores y que se ve agravada por el impacto de la pandemia COVID-19, por lo tanto la urgencia del gobierno nacional debería ser superar la crisis sanitaria y poner en marcha un plan de recuperación económica con un fuerte acompañamiento al sector privado, pymes, monotributistas, autónomos, profesionales, también al sector productivo hoy afectado por una fuerte sequía, jubilados, sin embargo van a gastar más de $15.000 millones de pesos en una reforma judicial que no resuelve los reclamos de la ciudadanía, garantiza impunidad hacia atrás a ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción pero también hacia adelante”.
“Está claro que debemos cambiar esta justicia que libera violadores, narcotraficantes, homicidas, una justicia que demora 20 años en resolver causas que aparecen atadas al poder político como los atentados a la Embajada de Israel y la Amia, la muerte del fiscal Nissman entre otras”, agregó.
Peche continuó su discurso afirmando que “una Ley que nace viciada de ilegalidad e inmoralidad, de los 11 integrantes del Consejo de Especialistas que se proponen, 8 son afines al gobierno nacional, entre ellos el Dr. Carlos Beraldi, abogado de la ex presidente y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, y Carlos Arslanian, un reconocido jurista, pero también ex ministro de seguridad del kirchnerismo”.
“Una Ley que va en contra del Código de Procedimiento Penal nuevo que impulsa el sistema acusatorio, unifica los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, habría 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires para unos 3 millones de habitantes y solo 198 juzgados federales, de los cuales solo algunos tendrán competencia penal, para el resto del país, es decir para 41 millones de argentinos”, expresó.
Opinó además que “establece un sistema de subrogancias, la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido al decir que no puede haber jueces subrogantes donde no hay jueces titulares, las subrogancias son ante una vacancia transitoria o definitiva de un juzgado ya existente. Con esta propuesta los jueces subrogantes quedarán a cargo de todas las denuncias que se presenten contra funcionarios del gobierno que los nombró, incluyendo el propio presidente”.
“El gobierno nacional utiliza la pandemia para avanzar sobre derechos y garantías constitucionales e incrementar su poder, este proyecto de reforma judicial es un claro ejemplo de esa situación, se ha hecho de manera inconsulta, improvisada, no responde a las necesidades sociales, en un país caracterizado por la inestabilidad, la corrupción, la impunidad, es esencial darle certidumbre al Poder Judicial y elegir a los nuevos jueces por su idoneidad. Y este proyecto atenta contra esos principios”, finalizó.
