Los argumentos de la fiscal Irala y del coordinador designado, Cáceres Olivera, se basan en un supuesto riesgo para la salud de los agentes debido a la pandemia por Covid-19 y las posibilidades de contagio.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros apelará la decisión judicial de la fiscal subrogante de la Fiscalía Especial Penal, Lilian Irala, y del fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera, que otorgó prisión domiciliaria a los cuatro policías imputados por torturas, vejaciones y allanamiento ilegal en un domicilio del barrio Banderas Argentinas en Fontana.
Los argumentos de Irala y Cáceres Olivera para el otorgamiento de las domiciliarias se basan en un supuesto riesgo para su salud debido a la pandemia por Covid-19 y las posibilidades de contagio.
Al respecto, la secretaría de Derechos Humanos y Géneros considera que el simple padecimiento de una enfermedad no es motivo suficiente para el otorgamiento automático de una domiciliaria. Debe evaluarse que son delitos graves, que atentan contra los derechos humanos y el riesgo para las víctimas. Pero ninguna de estas cuestiones fueron evaluadas correctamente en este caso.
En lo que a la salud refiere, vale recalcar que el riesgo de contagio en aislamiento, puntualmente en la División de Bomberos y en la Comisaría de Colonia Benítez, es prácticamente inexistente. Asimismo, las condiciones sanitarias y de aislamiento están dadas en esas instituciones.
“Disentimos con la decisión judicial, vamos a apelar”, dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, y aseguró: “quienes ejercen violencia, como estos cuatro policías, desprestigian nuestras instituciones, y es por eso que desde el Poder Ejecutivo reiteramos nuestro compromiso para que estas prácticas sean desterradas de las fuerzas de seguridad y para garantizar justicia para las familias".
Kevin Nielsen, abogado de la secretaría, explicó que “hay una falta de fundamentación en la resolución de la Fiscalía”, ya que “no se contempló la gravedad de los delitos ni la particular situación de vulnerabilidad de las víctimas”. Asimismo consideró que “se hizo una remisión genérica a la situación de la pandemia sin conexión con el caso concreto para otorgar la domiciliaria, lo que viola los parámetros establecidos por el Superior Tribunal de Justicia".
