El InSSSeP y prestadores firmaron un acuerdo que permitirá normalizar la prestación de servicios de salud. Las entidades médicas aceptaron el pago del 50% que adeudaba la obra social estatal.
El presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la provincia (Insssep), Antonio Morante, ratificó la voluntad del Gobierno provincial de cancelar la deuda con los prestadores de servicios de salud luego del acuerdo firmado ayer con representantes del sector.
“Tenemos la responsabilidad institucional y jurídica de garantizar el pago de las prestaciones antes de dejar la gestión. Así que estamos trabajando en esa cuestión”, confirmó Morante en diálogo con Radio Provincia.
Sus declaraciones se dan luego de la firma de un acuerdo entre la obra social y representantes de prestadores de salud, que permitirá cancelar la deuda de la obra social con el sector y normalizar la prestación de servicios.
“Estuvimos encontrando un punto en común para resolver este problema, que tenía que ver con que todos los afiliados que requerían una internación eran remitidos al Isssep pidiendo se les entregue los insumos descartables o medicamentos que requerían para su internación”, explicó Morante.
El titular del Insssep señaló además que “hace muchos años la obra social no entrega estos productos y llegamos a un acuerdo donde los sanatorios van a retomar la entrega de estos descartables, insumos, y medicamentos para las internaciones”.
Las entidades médicas aceptaron el pago correspondiente al mes de septiembre de 2023 en la forma ofrecida por Insssep, es decir, mediante el pago del 50% restante el próximo martes 21 de noviembre. Las entidades se comprometieron a "brindar el servicio médico asistencial en las condiciones pactadas en los convenios vigentes".
“La inquietud que los prestadores tenían hasta ayer era saber fehacientemente cuándo se iba a efectivizar el otro 50%. Y a través de conversaciones con el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura pudimos garantizar el pago de ese 50% de saldo el próximo martes 21”, recordó Morante.
“Inconvenientes siempre hay, pero lo que también hay es el diálogo, llegar a situaciones de consenso y de acuerdos que permitan el buen funcionamiento de la obra social”, sintetizó el funcionario.
Morante también se refirió a la compleja situación de la obra social estatal en un contexto económico inflacionario y tras la devaluación de agosto pasado. “Estamos sufriendo un coletazo del proceso devaluatorio. Esto generó un incremento de entre el 25% al 35% de los medicamentos de alto costo para tratamientos especiales”, detalló.
A esta situación se sumó además el cese del crédito por parte de laboratorios y droguerías. “Antes, las droguerías proveedoras de la obra social mandaban los medicamentos, nosotros los recibíamos, dispensábamos, y el pago lo hacíamos a los 30 o 40 días. A partir de agosto, la exigencia de pago pasó a ser a contraentrega”.
Debido a ese requerimiento se acumularon dos meses de pago de medicamentos “con un costo de más o menos 1.100 millones de pesos mensuales”. A eso se suma el pago a prestadores, que ascendió a 3.250 millones de pesos.
“Hacemos un esfuerzo extraordinario para cumplir con las obligaciones, pero también estamos sujetos a este tipo de situaciones financieras”, señaló Morante quien advirtió además que “la situación de la salud en el ámbito privado realmente está muy complicada”.
En otro tramo de la entrevista, el titular del Insssep aseguró que “hay que analizar las contribuciones de los afiliados. Hay que hablarlo seriamente, porque sino vamos a entrar en una situación de desfinanciamiento de las obras sociales, de las prepagas y de muchos efectores y prestadores, lo que puede llevar a la no atención o mala prestación para los afiliados”.
En concreto, Morante señaló que “hay que aumentar los aportes” considerando que existe un desfase entre los montos de los salarios y los aportes a la obra social, además de la necesidad de cubrir servicios y medicamentos de alto valor. En ese sentido, ejemplificó: “Hay medicamentos oncológicos que hoy cuestan 3.800.000 pesos, 4 millones de pesos por dosis, por paciente, cada 21 días. Los motos de los medicamentos de las personas inmunosuprimidas, por ejemplo, son desorbitantes”.
