El Superior Tribunal de Justicia informó que hace más de dos años se trabaja en un proceso de mejora continua en el fuero de Niñez, Adolescencia y Familia. A través de un comunicado de prensa, se asegura que las tareas comenzaron en 2021 cuando fue constituida una mesa de trabajo (garantizando la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales) que se reúne manera periódica para abordar los atrasos del fuero y a raíz de los acampes y manifestaciones sociales en los juzgados ubicados en French 166.
En dicha mesa participan integrantes del STJ, jueces y juezas del fuero de Niñez, Adolescencia y Familia, representantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, del Consejo de Abogados, Abogadas y Procuradores; del Colegio de Abogados, Abogadas y Procuradores y del Ministerio de Desarrollo Social. Además de los equipos técnicos del Poder Judicial pertenecientes a la Sala Primera en lo Civil, Comercial, Laboral y de Niñez, Adolescencia y Familia, Secretaría de Superintendencia, Oficina de Gestión de Calidad y Dirección de Tecnologías de la Información.
Como resultado de este trabajo conjunto hubo una reestructuración del personal del fuero y una modificación en las competencias asignadas, principalmente, en materia socio-asistencial que pasó del fuero civil al fuero penal con el personal correspondiente. Esta decisión mejoró los tiempos de respuesta en el fuero civil sin afectar el funcionamiento de los juzgados penales.
La decisión del STJ de suspender la reunión de la mesa de trabajo prevista para el lunes 14 de agosto, a las 17, como continuación de las anteriores estuvo fundada en que una manifestación convocada en el mismo día, horario y lugar alteraría el funcionamiento normal de la mesa, puesto que la participación de personas involucradas en causas en trámite podría implicar una afectación de la independencia e imparcialidad de las y los magistrados o representantes de los Ministerios Públicos.
Desde siempre el STJ respetó y respeta los derechos a manifestarse pacíficamente y peticionar a las autoridades, y ha escuchado los reclamos y propuestas de instituciones profesionales, abogados y abogadas independientes, justiciables o ciudadanía en general, respetando la independencia y la imparcialidad de la magistratura. Finalmente destaca que “continuará con prudencia y firmeza con la disponibilidad y apoyos necesarios sin afectar, en ningún caso, el ámbito de decisiones propias de la judicatura y las garantías de un proceso justo como presupuestos del Estado Constitucional y Convencional de Derecho”.
