La controversia institucional entre la Municipalidad de Villa Ángela y el Gobierno provincial por la posesión de la Oficina de Empleo sumó una definición en el plano judicial. La fiscal de Investigación N° 1 de Villa Ángela, Dra. Gisela Oñuk, confirmó la desestimación y archivo de la denuncia penal presentada por la Comuna tras el bloqueo del edificio y el cambio de cerrojos.

Según explicó la magistrada, luego de evaluar la presentación municipal y los informes remitidos por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, la Fiscalía concluyó que los hechos no configuran una figura delictiva penal ni revelan dolo o intención criminal.

La fiscal hizo hincapié en el principio de división de poderes y en que la intervención del Ministerio Público Fiscal se limita de manera estricta a conductas tipificadas como delito. En ese sentido, remarcó que las discrepancias en torno al usufructo o administración de dependencias públicas cuentan con canales específicos, tales como el fuero contencioso administrativo. 

Asimismo, Oñuk aclaró que la resolución no implica convalidar el procedimiento de la cartera provincial ni desestimar los derechos alegados por el municipio, sino dejar sentado que el fuero penal no es el ámbito competente para resolver la disputa por el espacio físico. Con este fallo, la vía penal queda cerrada y el Municipio deberá definir si traslada su reclamo a los tribunales administrativos.