La mañana comenzó con persianas bajas y cerrojos cambiados en la Oficina de Empleo Municipal de Villa Ángela. Sin previo aviso ni notificación judicial o administrativa en mano, la responsable del área, Daniela Eceiza, junto al equipo de trabajadores locales, se encontró con las puertas bloqueadas y la imposibilidad absoluta de acceder a sus puestos de trabajo.

El conflicto, que escaló velozmente hasta convertirse en un fuerte choque institucional entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno provincial, tiene como trasfondo una serie de hechos irregulares denunciados por las autoridades locales. Según relataron los propios damnificados, el día anterior el ministro de Desarrollo Humano de la provincia se presentó en el predio junto a un escribano, exhibiendo un requerimiento para "constatar" el funcionamiento del lugar. La jornada previa culminó a la siesta cuando, de acuerdo a testimonios de los presentes, la fuerza policial junto a civiles irrumpió en el edificio, tomó posesión del lugar y revisó las instalaciones sin permitir la presencia ni el control del sereno del establecimiento.

"Nos encontramos con que no podemos acceder a nuestro lugar de trabajo porque se encuentran cambiadas las cerraduras. No fuimos notificados en ningún momento y adentro quedó equipamiento, documentación sensible y pertenencias personales" — remarcó Eceiza, quien estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Alberto Svenson, y la secretaria de Desarrollo Social, Laura Niz.

Al lugar se hizo presente el director de la Zona Interior Villa Ángela, comisario inspector Parra, quien mantuvo un tenso diálogo con las autoridades municipales. El jefe policial justificó el accionar alegando que los efectivos apostados en el frente cumplían "instrucciones telefónicas" emanadas desde la cúpula superior de la fuerza, y sostuvo que la Provincia habría notificado oportunamente a la Comuna. Esta versión fue desmentida categóricamente por la gestión municipal, que remarca que el predio opera bajo un convenio vigente de usufructo y que jamás existió una orden formal de desalojo.

Ante la gravedad del episodio y con el patrocinio de la Asesoría Legal del Municipio, se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de turno para que se investigue la presunta comisión del delito de usurpación y se identifique la cadena de mandos que ordenó el procedimiento. Paralelamente, una escribana pública constató el bloqueo del inmueble mientras los trabajadores permanecen en la vía pública, a la espera de que la Justicia determine de quién fue la orden y libere el acceso al equipamiento y a los archivos oficiales retenidos en el interior.