La Justicia Federal de Resistencia reactivó una investigación contra Gustavo Martínez y Élida Cuesta, por presunto lavado de activos y malversación de fondos, y elevó un pedido de informe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conocer el estado patrimonial y fiscal de los involucrados.

El oficio en cuestión -al que tuvo acceso DataChaco- fue elevado por el fiscal federal Patricio Sabadini, en el marco de una investigación preliminar que tendría vinculación con gastos en publicidad, cartelería y shows de los funcionarios públicos.

Sabadini le requirió a la AFIP que le brinde un "informe completo y actualizado sobre el perfil fiscal y estado general económico" del intendente de Resistencia y su esposa, actual presidenta de la Cámara de Diputados y candidata a jefa comunal de la capital chaqueña.

Así, el fiscal pidió al organismo recaudaorio y tributario que "consinge si se encuentras inscriptos ante dicho organismo, y en su caso, condición y/o categoría, declaracies juradas abiertas de los últimos 10 años de los impuestos a los bienes personales -en caso de corresponder BP - acciones o participaciones- e impuesto a las ganacias, detallando en cada caso reflejos de pantalla de los papeles de trabajo de las mismas, resumen de presentaciones realizadas".

Asimismo, también solicitó que se informe "si se encuentra registrado en relación de dependencia o como empleador, en este último caso, nómina salarial declarada y declaraciones juradas con destino al Sistema único de Seguridad Social, pagos por impuestos nacionales, grupos de interés incluyendo datos sobre relaciones de un contribuyente, origen de la relación, relaciones primarias y secundarias, relación entre los contribuyentes, domicilios fiscales reiterados".

Además, Sabadini pidió a la AFIP que informe "bienes registrables, incluyendo titularidad de automotores, propiedades aeronaves, embarcaciones y maquinaria agrícola; información sobre títulos públicos y privados, y/o otras inversiones financieras; titularidad de inmuebles", así como también "información proporcionada por seguros, información sobre donaciones, datos sobre pagos de expensas y registro de administradores de consorcio".

El fiscal federal solicitó también "información del Registro Fiscal de Operadores de Granos, Registro de Consumos relevantes, participaciones societarias, fideicomisos, mutuales, cooperativas, fundaciones", así como también "información sobre tarjetas de créditos, consumos anuales, operaciones de cambio, cuentas bancarias, acreditaciones anuales, información de la Caja de Valores, agentes de bolsa y administradores de FCI, y todo otro dato de interés".

La medida alcanza también a otras cinco personas: Juan José Torres, Raúl Juárez, Yanina Ortíz, Paula Rotundo y Nicolás Romero.

La reactivación de la investigación tiene vinculación con el incendio producido hace algunos días en la oficina de Gustavo Martínez ubicada en el edificio de Don Bosco y Güemes.

El objetivo de la investigación es determinar si hubo desvíos de fondos en la Cámara de Diputados, con sospechas sobre lavado de activos. En ese sentido, el fiscal puso el foco en los carteles en las rutas y en otros puntos de la ciudad.

La sospecha incluiría también un posible desvío de fondos para la campaña electoral, como delito precedente.

Fuente: Data Chaco